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Aparentemente, el acusado Lora Cruceta se asignó un sueldo de 600 mil pesos bajo el concepto de “gastos de representación”.
El presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), Iván Alexis Mercader Mateo, interpuso una denuncia formal contra Héctor Antonio Lora Cruceta, su actual esposa y su exesposa, a quienes les imputa formar una estructura criminal para sustraer fondos de dicha entidad.
La querella fue radicada el pasado miércoles ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por los letrados Johann Newton López y Elsa Trinidad Gutiérrez, en representación del Patronato, señalando a Lora Cruceta como principal responsable de orquestar un mecanismo destinado al desfalco de recursos del Instituto Oncológico, en connivencia con Dilcia I. Vargas Sánchez (exesposa) y Luisa Yasiris Guzmán de Lora (esposa actual), a través de la Fundación TOCATERD y otras personas.
Según el documento judicial, presentado ante la magistrada Mirna Ortiz, procuradora general de Corte Titular de la Pepca, se argumenta que los miembros del Consejo Directivo del Patronato no percibían remuneración alguna, en consonancia con el artículo 16 de los estatutos de la institución, el cual estipula que “dichos puestos son de carácter honorífico”.
No obstante, el implicado Lora Cruceta se autoimpuso un pago mensual de 600 mil pesos bajo la denominación de “gastos de representación”, lo cual califican como una burla hacia los pacientes oncológicos más vulnerables.
De acuerdo con la documentación, los señalados habrían infringido los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 2, numeral 11, y 3, numerales 1 y 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según detallan los abogados López y Trinidad, el señalado Lora Cruceta constituyó la firma Lora Vargas & Asociados, junto a Dilcia I. Vargas Sánchez, la cual fue luego renombrada como Vargas Guzmán Accounting Center SRL, empleando los apellidos de su exmujer y su cónyuge presente para encubrir operaciones destinadas al desvío de fondos.
Conforme a la acusación presentada, el implicado Lora Cruceta permitió que dicha empresa, administrada por Vargas Sánchez, cobrara a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) las facturas de los pacientes asegurados, reteniendo un porcentaje de los valores pagados, a pesar de que el Instituto Oncológico opera sin ánimo de lucro, impactando así los recursos destinados a personas con cáncer.
Bajo esta táctica, los denunciantes aseguran que se sustrajeron cientos de millones de pesos.
“Se facturaban a las ARS montos superiores a lo que realmente consumían los pacientes. Entonces, ¿qué ocurría?, que cuando el paciente acudía, especialmente por medicamentos de alto costo para cubrir su tratamiento, resultaba que esa cobertura ya se había agotado, si bien ese paciente no se había beneficiado de la totalidad que le correspondía por su seguro”, expuso la jurista Trinidad Gutiérrez.
De igual modo, se acusa al ingeniero Lora Cruceta, en concierto con Luisa Yasiris Guzmán de Lora, de fundar la TOCATERD con el fin de desplazar otras entidades sin fines de lucro relacionadas con el Instituto y canalizar recursos en provecho propio, apropiándose de decenas de millones de pesos.
Como evidencia material, el Patronato aportó memorias USB, reportajes de investigación, así como análisis contables realizados por profesionales colegiados.
Mercader, en representación del Consejo Directivo del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, solicitó al órgano persecutor una averiguación exhaustiva y la aplicación de medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra los implicados.
Hasta la fecha, el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer adeuda sumas que exceden los ochocientos millones de pesos, responsabilidad atribuible a las anomalías halladas durante el período de gestión del ingeniero Héctor Lora.
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