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WASHINGTON — Un interrogante mayúsculo planea sobre el litigio de los aranceles del presidente Donald Trump que examina la Corte Suprema: ¿Mantendrá la mayoría conservadora al mandatario republicano bajo el mismo escrutinio riguroso que aplicó para restringir a su antecesor demócrata, Joe Biden?
Los fundamentos jurídicos centrales de las objeciones conservadoras a las iniciativas clave durante los años de Biden son el motor de los argumentos en la contienda contra los gravámenes de Trump, que el tribunal abordará el miércoles.
Las corporaciones y los estados que demandaron por los aranceles incluso aluden a los tres magistrados conservadores nombrados por Trump, esperando atraer sus votos para frenar un pilar de la estrategia económica del gobernante en una prueba crucial del poder ejecutivo.
Trump impuso dos tandas de aranceles, justificando que los desequilibrios comerciales persistentes habían puesto a Estados Unidos “al borde de un colapso económico y de seguridad nacional” y que los cientos de miles de fallecimientos por fentanilo importado habían generado su propia emergencia, expuso la administración ante los jueces.
Hasta este año, ningún presidente había recurrido a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aplicar aranceles desde su promulgación en 1977.
Dicha normativa no menciona aranceles, tasas, impuestos u otros términos equiparables, aunque faculta al presidente, tras declarar una urgencia, a regular la entrada de “cualquier bien en el que alguna nación foránea o sus ciudadanos tengan un interés”.
Esa potestad, sostuvo la administración, es suficiente para avalar los aranceles, y la falta de alguna “frase clave” es irrelevante.
Bajo la gestión de Biden, las mayorías conservadoras complicaron los esfuerzos contra el cambio climático con la legislación vigente y paralizaron diversas acciones ligadas a la pandemia de coronavirus.
El Tribunal Supremo puso fin a la moratoria de desalojos, vetó un requisito de vacunación para grandes empresas y desestimó el plan de condonación de deudas estudiantiles de Biden.
En cada dictamen, el tribunal afirmó que el Congreso no había conferido autorización explícita para una medida de gran trascendencia económica y política, un principio legal conocido como la doctrina de las “cuestiones fundamentales”.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington tuvo mínimas dificultades para aplicar esos precedentes al asunto de los aranceles.
Haciendo referencia a la suspensión de desalojos y los casos de impago estudiantil, una mayoría de siete magistrados redactó: “De hecho, se estima que la repercusión económica de los aranceles superará con creces a los dos programas que la Corte Suprema ha juzgado previamente que involucran cuestiones fundamentales”.
Los opositores a los aranceles defienden el fallo de apelación ante el Tribunal Supremo basándose en las argumentaciones de los casos precedentes.
“Sin la supervisión de la doctrina de las cuestiones fundamentales, ‘la legislación se arriesgaría a transformarse en poco más que la voluntad del mandatario en turno'”, escribieron los representantes legales de una empresa de juguetes de Chicago, Learning Resources Inc., citando una opinión del juez Neil Gorsuch en el pletito sobre clima.
Un colectivo diferente de pequeñas empresas invocó la postura de la jueza Amy Coney Barrett en el pleito de los préstamos universitarios para señalar que, al apoyarse en la ley de poderes de emergencia, Trump “reclama un poder de gran calado… superior a lo que el Congreso razonablemente pudo haber otorgado”.
Las empresas también recurrieron a un voto particular del juez Brett Kavanaugh en otra controversia pandémica sobre los riesgos de aceptar con facilidad las proclamas de emergencia. “La historia de este Tribunal está plagada de desafortunados ejemplos de excesiva deferencia judicial a las alegaciones de ‘facultades extraordinarias'”, indicaron los letrados de las compañías.
El gobierno de Trump argumenta que la doctrina no aplica a su caso arancelario, y respalda su postura citando un extenso voto particular, así como a Kavanaugh.
Los presidentes gozan de amplia holgura en temas de política exterior y defensa nacional, y sería anómalo que la ley de poderes de emergencia tuviera las restricciones que proponen los demandantes, expuso el juez Richard Taranto en su disentimiento, respaldado por otros tres magistrados.
“Tal restricción estaría particularmente fuera de lugar en una legislación de emergencia como la (ley de poderes de emergencia)”, comentó Taranto, explicando que fue concebida para otorgar a los presidentes margen de maniobra ante crisis.
El Congreso, concluyó, tomó una decisión “a sabiendas” para otorgar al presidente una autoridad amplia. La doctrina de las cuestiones fundamentales, entonces, no es aplicable, dictaminó Taranto.
Kavanaugh manifestó una concepción igualmente amplia del poder presidencial en una justificación de junio sobre la autoridad del Legislativo.
La doctrina de las cuestiones fundamentales nunca ha sido invocada en un litigio sobre estrategia exterior o seguridad nacional, señaló Kavanaugh. “Por el contrario, la comprensión común es que el Congreso busca conceder al Presidente una considerable autoridad y flexibilidad para salvaguardar a Estados Unidos y a su población”, escribió.
La tesis de Taranto se fundamentó en un fallo de la Corte Suprema de 1981 referente a la crisis de rehenes en Irán, el cual validó la activación de la ley de poderes de emergencia por el presidente Jimmy Carter para inmovilizar activos iraníes.
El juez William Rehnquist, cinco años antes de asumir la presidencia del Tribunal Supremo, redactó el dictamen del tribunal. Uno de sus asistentes en aquella época fue el actual titular de esa corte, John Roberts.
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