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Santo Domingo.- La Fiscalía formalizó este viernes su acusación y solicitó la apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños del ya desaparecido Jet Set Club, a raíz del derrumbe del tejado de la emblemática discoteca, suceso que resultó en 236 fallecidos y más de un centenar de heridos el pasado 8 de abril de 2025.
Dicho documento fue entregado a la Oficina Coordinadora de los Tribunales de Instrucción del Distrito Nacional y está firmado por un grupo liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También colaboraron en el proceso los procuradores y fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
Según consta en el expediente, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario y lesiones corporales no intencionales, contraviniendo los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La Fiscalía alega que los acusados excedieron los límites de carga estructural del inmueble, al instalar equipos de climatización de grandes dimensiones y depósitos de agua en el techo, sin haber realizado estudios técnicos que avalaran su capacidad de soporte.
Asimismo, los fiscales sostienen que los implicados desoyeron advertencias internas sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad de los asistentes y el personal del lugar.
La acusación contempla cientos de evidencias documentales y periciales, entre ellas los informes elaborados por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (experto en estructuras antisísmicas), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).
Los especialistas determinaron que el colapso fue resultado directo de una sobrecarga estructural y la falta de mantenimiento preventivo, factores que comprometieron la estabilidad del edificio.
La investigación se llevó a cabo por disposición de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien encomendó al equipo de persecución penal esclarecer el suceso y determinar responsabilidades.
Desde el trágico evento, ocurrido durante un acto concurrido, los parientes de las víctimas han clamado por justicia y penas ejemplares, mientras que el inmueble permanece clausurado bajo resguardo judicial.
“Los hermanos Espaillat cometieron negligencia criminal al mantener operativo un local sin las condiciones de seguridad requeridas para el público”, se lee en el expediente del Ministerio Público.
El caso será visto en las próximas semanas por el Tercer Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, donde se decidirá si los acusados pasan a juicio de fondo.
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