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SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) –
El PP-A ha incluido en su propuesta de Política, aprobada por unanimidad en el 17 Congreso autonómico, que se desarrolla desde el viernes en Sevilla, que “cualquier menor involucrado en un caso de abuso escolar tendrá vetado el uso del celular y la entrada a plataformas sociales hasta alcanzar los 18 años”.
Esto se ha añadido al texto mediante una modificación al borrador, cuyo proponente evocó en el pleno del congreso el caso de Sandra Peña, la chica que supuestamente se quitó la vida en Sevilla tras padecer hostigamiento de sus compañeros.
Específicamente, en un apartado designado como ‘Hostigamiento escolar y ámbito digital: tolerancia nula desde la enseñanza y la coexistencia’, la propuesta establece que la “integridad de un infante no puede ser menoscabada por la agresión, ni siquiera cuando esta se canaliza mediante las plataformas virtuales o el manejo irreflexivo de la tecnología”.
“Por consiguiente, Andalucía asume la obligación de fomentar una convivencia cimentada en el aprecio, la rendición de cuentas y la compensación, con la participación activa de los hogares, el cuerpo docente y el erario educativo”, conforme a lo indicado.
Bajo este contexto, el PP-A presenta una proposición “contundente ante el hostigamiento escolar y su alcance virtual: Veto a celulares y redes sociales para menores involucrados en agresión escolar”.
“Cualquier menor que haya tomado parte en un incidente de acoso escolar deberá tener vedado el uso del dispositivo móvil y la conexión a redes sociales hasta la mayoría de edad”, según detalla la propuesta, que añade que esto constituye una “acción ejemplar y precautoria que centra la atención en salvaguardar a los perjudicados, interrumpe la propagación del perjuicio y fortalece la responsabilidad individual de quienes han participado en una conducta tan grave”.
De igual modo, se emite un “llamamiento a los entes europeos y a las grandes corporaciones tecnológicas”. Se insta a la Unión Europea a “fortalecer los sistemas de resguardo digital para los jóvenes y requiere a las principales empresas que administran plataformas sociales la implementación de herramientas eficaces para bloquear insultos, ataques verbales y actitudes de hostigamiento entre menores”.
“No se trata únicamente de responder, sino de prevenir, formar y amparar”, según se subraya.














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