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Rechazar la actualización del tramo libre de ISR no es un asunto local ni una ocurrencia de comentaristas. Desde Adam Smith, la recaudación se basa en una premisa simple: el gravamen debe recaer sobre el “poder adquisitivo”, no sobre el coste de la vida. Por ello, casi todos los modelos fiscales modernos incluyen un umbral exento que resguarda los ingresos necesarios. Esto no es una invención dominicana; es el pilar de la equidad impositiva desde 1776.
Si aceptamos que gravar los costes empresariales —materias primas, energía, salarios— resulta distorsionante y penaliza la actividad productiva, ¿por qué sería razonable someter a tributación el coste de la subsistencia de un empleado? En los negocios, los desembolsos imprescindibles para operar no se consideran renta. En el ámbito personal, su equivalente es la cesta básica. Este es el límite económico que separa la mera supervivencia del recurso sobrante. Gravar por debajo de este suelo es confiscar, no recaudar impuestos.
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Cuando el Gobierno congela la escala del ISR y evita ajustar por el alza de precios, no está “ahorrando” ni “optimizando recursos”. Está disminuyendo, de manera encubierta, el umbral no imponible en términos reales y trasladando el ajuste inflacionario al contribuyente. El resultado es el “efecto escalón”: los salarios nominales suben para cubrir la cesta, pero el fisco te trata como si tuvieras más riqueza. No la tienes; simplemente pagas más por lo mismo.
La cesta de consumo familiar es la referencia práctica del mínimo vital. Comida, transporte, vivienda y servicios esenciales definen el coste real de mantenerse a flote. Si el tramo exento no se ajusta a ese gasto, el impuesto deja de medir capacidad y empieza a restar a lo fundamental. Esto afecta la justicia horizontal —tratar igual a quienes están en circunstancias similares— y mina la justicia vertical —que aporte más quien realmente posea mayor capacidad—.
El argumento de que “indexar compromete la recaudación” pone la carreta delante de los bueyes. Primero debe establecerse qué porción del ingreso es intocable por ser el coste de vida; luego, se debate cómo financiar el Estado con jerarquías, normas y eficacia. Así actúan las naciones justas: protegen lo mínimo esencial y ordenan el presupuesto sin atajos.
La solución es legal, técnica y moral: ajuste anual automático de la escala —comenzando por el tramo exento— basado en la inflación que encarece la cesta familiar, y una regla fiscal que modere el gasto. Solo así el ISR volverá a tasar la capacidad y no la supervivencia. Todo lo demás es transformar la inflación en un tributo que no pasa por el Parlamento, pero sí por tu bolsillo.
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