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El mandatario de la extrema derecha fue hallado responsable en septiembre de actuar para impedir la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones.
El tribunal supremo de Brasil votó este viernes por unanimidad para denegar un recurso y mantener la sanción de 27 años al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado tras los comicios de 2022.
El líder de ultraderecha fue declarado culpable en septiembre de haber orquestado para frustrar la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva después de perder las votaciones.
En el recurso, los letrados argumentaron “graves injusticias” y “desacuerdos” en la resolución que deja al político de 70 años próximo a ingresar en prisión. La defensa reclamó supuestos impedimentos para defender su causa durante el proceso y buscaba la minoración de la pena.
Los cuatro magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal votaron en contra de la petición, en una audiencia que se desarrolla de forma telemática.
El veredicto no será oficial hasta que expire el lapso fijado por el tribunal, a la medianoche del 14 de noviembre.
Rechazo rotundo
El juez Alexandre de Moraes, responsable del asunto, fue el primero en exponer su parecer y desestimó todos los argumentos de la defensa.
En un extenso escrito de 141 páginas al que tuvo acceso la AFP, Moraes ratificó el rol de Bolsonaro como cabecilla de una estructura criminal que, junto a varios asociados, urdió para atentar contra el ordenamiento jurídico democrático.
También confirmó su intervención como promotor de las acciones del 8 de enero de 2023, fecha en que centenares de sus simpatizantes irrumpieron en las sedes de los poderes públicos en Brasilia.
El magistrado desestimó la existencia de “vulneración del derecho a la defensa”, indicando que todas las evidencias fueron puestas a disposición de los letrados.
Y desechó rebajar el castigo, aduciendo incluso que la avanzada edad de Bolsonaro ya había sido tomada en cuenta como factor mitigante.
“La sentencia fundamentó cada paso del cálculo de la sanción”, redactó Moraes.
Los otros tres jueces votaron en el mismo sentido a lo largo de la jornada.
El exgobernante (2019-2022) aguarda el fallo bajo arresto domiciliario provisional y con veto a emitir declaraciones públicas o utilizar plataformas sociales.
Si el resultado es adverso, todavía procede otro recurso, aunque este podría ser desestimado sin ser sometido a votación.
En tal supuesto, la condena comenzaría a ejecutarse y Bolsonaro podría ser encarcelado.
Debido a sus afecciones médicas, la defensa podría solicitar al tribunal que se le permita cumplir su pena en casa, tal como ocurrió con el exmandatario Fernando Collor de Mello (1990-1992).
Este obtuvo en mayo reclusión domiciliaria para una condena de ocho años por actos de corrupción.
Bolsonaro padece varias secuelas derivadas de una agresión con arma blanca en el abdomen que sufrió en 2018 durante un acto de su campaña presidencial. Sumado a ello, fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones fueron extirpadas.
Soporte
Tras la condena, el bolsonarismo impulsó una propuesta legislativa de indulto en el Congreso que favorecería al expresidente y a los implicados en los disturbios de aquel 8 de enero.
No obstante, la iniciativa perdió fuerza tras amplias manifestaciones en diversas ciudades de Brasil.
El proceso contra el principal líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos rehacen su vínculo bilateral, que se vio tensado precisamente por este enjuiciamiento.
Una gestión en Estados Unidos del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, influyó para que Donald Trump impusiera aranceles penalizadores del 50% a las exportaciones brasileñas.
Lula se reunió con Trump en octubre en Malasia para dialogar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambas naciones”.
El jueves, Eduardo Bolsonaro se reunió en Washington con el primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orban, quien le manifestó su respaldo “inquebrantable” a la familia.
“¡Continuad la lucha!: las persecuciones políticas no tienen cabida en la democracia”, escribió Orban en X.
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