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Los únicos individuos bajo el sol en República Dominicana que son contribuyentes sin alternativa y de acatamiento estricto con la hacienda pública son aquellos sujetos a la detención obligatoria de porcentajes de sus haberes formales que les aplican los empleadores. Sumado a que por el modesto nivel de sus entradas son los más golpeados por los gravámenes al consumo, indiscriminados y severos al recaer inexorablemente sobre el coste de vida, careciendo de la holgura de las personas con mejores sueldos.
Una actualización justa y legal sería la retribución adecuada para las clases media-baja y más desfavorecidas, que son quienes verdaderamente sufren por la inflación al disponer de menos vías para resguardarse de ella, dado que la ayuda social —a pesar de lo que se diga— solo sirve para subsistir, no para superar la miseria, la cual continúa validando la corrección monetaria para remuneraciones que usualmente no alcanzan a cubrir el coste de la canasta de bienes y servicios considerados fundamentales para una vida decorosa.
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Resulta injusto seguir postergando la exención impositiva sobre las ganancias personales de los empleados con menores ingresos para preservar una estructura de egresos gubernamentales que podría alcanzar niveles aceptables de eficacia y transparencia, si el fisco, tan influenciable por poderes fuertes, se abstiene de anular exoneraciones tributarias de larga data y dudoso beneficio social.
Unos egresos que bien merecen ser catalogados de superfluos y vistos como la verdadera razón de una notoria caída en la inversión estatal, que ronda el 2.2% del Producto Interno Bruto, considerada por expertos como la más baja en décadas y por debajo de la media de Latinoamérica.
Es verdad que la nación necesita desde hace tiempo una reestructuración tributaria completa, pero este es un vacío mayormente imputable al Gobierno por el desacierto de proponer un paquete de modificaciones excesivas que debió pactar antes o que erróneamente creyó haber acordado.
Claramente desorientado por el impacto de aquel esquema de severidad, el oficialismo se apartó casi con vergüenza de la meta de sacar al país de la presión fiscal más baja de América, demorándose en corregir el exceso y decidiendo mantener la tendencia al endeudamiento. La mejor acción posterior fue entregar el control al titular de Economía, Magín Díaz, firme defensor de lograr que los dominicanos paguen más tributos, especialmente quienes tienen mayor capacidad económica.
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