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Con el fraude, el entramado criminal perjudicó a 366 afectados, conforme indica el ente acusador en el legajo.
El magistrado del Sexto Tribunal de Instrucción de Santo Domingo Oeste, Joan Rodríguez, fijó para el venidero 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para notificar la resolución concerniente al entramado delictivo que afectó a 366 damnificados en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
Los procuradores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Fiscalía de la demarcación representaron al Ministerio Público en la vista celebrada el pasado miércoles, donde se conoció la medida de coerción contra los involucrados en el caso Coop-Herrera.
Durante el acto judicial, el Ministerio Público requirió al juzgado dictar auto de elevación a juicio en contra de los enjuiciados, a quienes se les atribuye un perjuicio calculado en unos RD$2,500 millones, descubierto mediante la Operación Búho.
Se solicitó que se acepte íntegramente la imputación con cientos de evidencias materiales, técnicas, testimoniales y documentales, incluyendo dictámenes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y que en consecuencia se emita auto de apertura a juicio.
Igualmente, la confiscación a favor y en beneficio de los agraviados de elementos materiales aportados junto con la acusación, abarcando bienes muebles e inmuebles intervenidos, efectivo y cheques incautados, cuentas bancarias, valores financieros, activos identificados no retenidos.
Los imputados serán señalados como resultado de actos ilícitos, así como también de las rentas y ganancias generadas producto de la gestión de los activos confiscados y de los haberes financieros congelados.
Acerca del operativo
Por este asunto fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, además de Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
Adicionalmente, se acusó a Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado prófugo.
También, las compañías Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L.
Dicho operativo fue denominado Operación Búho tras una indagación de varios meses, que condujo a la detención de los directivos de la Coop-Herrera implicados en el fraude.
El accionar movilizó a más de 20 fiscales, cerca de 100 agentes policiales y una docena de efectivos de unidades especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios particulares interpusieron querellas contra los directivos de Coop-Herrera.
En el curso del operativo, el Ministerio Público incautó propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos y otros bienes suntuarios, con base en una orden judicial avalada por un tribunal.
Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros espurios, entre otras tácticas delictivas, todas orientadas a desviar los fondos de los socios y los depositantes.
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