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Santo Domingo. La República Dominicana empieza a consolidarse como un referente en la lucha contra el crimen organizado, un hecho que contrasta con su historial de fragilidad institucional y la fuerte incidencia del narcotráfico y la corrupción en la zona.
Si bien la delincuencia transnacional ha afectado históricamente las estructuras políticas, castrenses y económicas de diversas naciones latinoamericanas, el país ha logrado mantener una baja percepción de inseguridad y cimentar un marco legal moderno.
El flamante Índice y Análisis de Riesgo País de América Latina 2025, divulgado por la Universidad Internacional de Florida, sitúa a la República Dominicana entre las naciones con el menor riesgo criminal percibido en la región.
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El estudio, que evalúa la amenaza del crimen organizado desde la perspectiva ciudadana y la capacidad institucional, indica que países como Ecuador, Brasil, Chile y México encabezan las preocupaciones por el avance de la criminalidad transnacional, con elevados índices de violencia, narcotráfico y corrupción.
Por su parte, República Dominicana alcanzó una puntuación de 3.8 sobre 5, una de las más bajas de Latinoamérica, solo superada por El Salvador (3.7).
No obstante, es crucial señalar que esta última nación sostiene dicha posición a costa de limitaciones a los derechos humanos y al debido proceso, resultado del régimen de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele.
En contraste, República Dominicana ha mantenido un esquema de seguridad que respeta el Estado de derecho, priorizando la actualización de su sistema judicial, la capacitación de la policía (un proceso aún en curso) y la colaboración internacional.
La estrategia gala
El periódico francés Le Journal du Dimanche comunicó recientemente que el gobierno de Francia proyecta establecer en República Dominicana una academia regional de formación anticrimen organizado, que serviría como centro de entrenamiento para investigadores, analistas de inteligencia y peritos aduaneros.
Esta iniciativa forma parte de una renovada ofensiva francesa para frenar la expansión de las redes criminales que operan entre América Latina, África y Europa, explotando el tránsito marítimo y aéreo del Caribe.
El proyecto implica la firma de convenios bilaterales de colaboración judicial y policial entre Francia y los Estados caribeños, con el fin de potenciar el intercambio de información, la localización de activos ilícitos y la persecución de delitos financieros, de tráfico de armas y de personas.
Así, República Dominicana emerge como el eje central de esta operación gracias a su posición geoestratégica, su conectividad aérea y marítima, y su creciente fortaleza institucional.
El establecimiento de esta academia no solo significaría un reconocimiento a los logros dominicanos en seguridad y justicia, sino también una oportunidad para el liderazgo regional en estrategias de prevención, inteligencia criminal y formación especializada.
Uno de los fundamentos del progreso institucional dominicano ha sido la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2022 tras largos debates legislativos.
Esta ley faculta al Estado para recuperar bienes y activos obtenidos de forma ilícita, incluso sin una sentencia penal previa, siempre que se compruebe su origen delictivo.
Con esto, el país se alinea a las normas internacionales de combate a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Para reforzarla, el Congreso Nacional aprobó luego la Ley 60-23, que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).
El interés de Francia en establecer una base de colaboración en República Dominicana no es casual.
Podría interpretarse dentro de una estrategia hemisférica impulsada por Estados Unidos, que mantiene una significativa presencia militar y logística en el Atlántico para interceptar cargamentos de droga y desmantelar redes de tráfico marítimo.
El enfoque principal de estas acciones ha sido Venezuela y, en última instancia, Colombia, cuyos mandatarios han sido señalados por vínculos con el narcotráfico.
Washington ha encontrado en Santo Domingo un aliado firme y confiable cuyo gobierno no ha dudado en manifestar sus posturas, y cada vez que lo ha hecho, ha contado con el respaldo estadounidense.
Además de las constantes visitas al país del comando sur de Estados Unidos, la nación también ha participado en operativos de intercepción de drogas y la confiscación de un avión perteneciente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El panorama actual sitúa a República Dominicana en un rol protagónico regional inédito que, bien aprovechado, podría atraer inversión extranjera.
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