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Washington.- Las principales productoras de Hollywood solicitaron al Gobierno del presidente Donald Trump supervisar la actuación del renovado Poder Judicial en México para asegurar que sus dictámenes concuerden con los compromisos asumidos por el Estado mexicano bajo el acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC).
En un comunicado dirigido a la Oficina del Representante Comercial (USTR), compañías de televisión, cine y plataformas de _streaming_ —como Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros, Amazon y Paramount— instaron al Gobierno estadounidense a prestar especial atención a las decisiones judiciales mexicanas que atañen a la propiedad intelectual.
Agrupadas bajo la Motion Picture Association (MPA), estas empresas manifestaron inquietud por la ausencia de legislación reglamentaria que permita poner en práctica las reformas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, esenciales para acatar el Tratado.
“La MPA urge al Gobierno de EU a mantenerse atento a la implementación y el cumplimiento efectivo por parte de México de las modificaciones legales necesarias para el T-MEC, especialmente tras los cambios judiciales en México de 2024”, indicaron las productoras nucleadas en la MPA.
“De igual forma, la MPA exhorta al Gobierno de EU a fiscalizar de cerca la conducta y los fallos del nuevo Poder Judicial con el fin de verificar que se ajusten a las obligaciones de México de proteger y hacer valer con eficacia los derechos de propiedad intelectual conforme al T-MEC”, señalaron las compañías.
En su misiva, las empresas recomendaron al Gobierno de EU incorporar una carta anexa durante la revisión del T-MEC en 2026, mediante la cual México se comprometa a aplicar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 2022, así como la modificación al Artículo 2 constitucional mexicano de 2024, en línea con los deberes del país bajo el tratado.
“El Gobierno de EU debe motivar a las autoridades mexicanas a materializar estas reformas con transparencia, certidumbre jurídica, un ámbito definido y en sintonía con los compromisos de México en el marco del T-MEC, incluyendo la consulta con los detentores de derechos”, reza el pronunciamiento del sector.
Desde el año pasado, la MPA ha expresado aprensión por los probables efectos en la libertad de expresión derivados de la reforma al Artículo 2 de la Constitución mexicana de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como entes de derecho público con capacidad jurídica y patrimonio propio.
“Existe una inquietud considerable de que las autoridades (en México) puedan utilizar estas normativas para restringir y limitar la expresión libre de los creadores y los medios informativos”, advirtió.
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