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La actividad económica en República Dominicana muestra claros signos de merma. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que refleja la marcha mensual del quehacer económico, registra un avance del 2.2% en los primeros nueve meses de 2025 en contraste con el periodo análogo de 2024. El segmento de la edificación, el de mayor peso, experimenta una contracción o declive del 2%.
La situación se evidencia en sus materias primas. Durante el semestre inicial de 2025, la fabricación de cemento solo subió un 3.8% respecto a 2024, mientras que la de varillas descendió un 2.5%. Conforme a datos del Banco Central, las ventas internas de cemento aumentaron marginalmente un 1.1%, y las de varillas se desplomaron un 8.4%. Este menor requerimiento se traduce en una producción reducida y una disminución de existencias. Las pinturas, por otro lado, crecieron un 20%, posiblemente debido a la reposición de inventarios o la finalización de proyectos que superaron la etapa inicial de obra gruesa.
La disminución en la fabricación y comercialización de materiales constructivos es un termómetro de la menor cantidad de proyectos en marcha, particularmente en el ámbito habitacional. Según el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, entre enero y junio de 2025 se otorgaron 436 licencias para inmuebles de apartamentos, una cifra inferior a los 448 registrados en el mismo semestre de 2024.
El arranque de nuevas edificaciones residenciales se enfrenta a un impedimento sustancial: los niveles elevados de tasas de interés. Estas se mantienen altas en territorio dominicano a causa de los altos tipos de interés en Estados Unidos: si las tasas norteamericanas persisten en su nivel alto, las locales deben permanecer elevadas para prevenir la escalada del valor del dólar.
En consecuencia, las cuotas hipotecarias frecuentemente superan el costo de un arriendo promedio, lo cual desalienta a las familias de clase media y media-baja a adquirir una vivienda. Adicionalmente, se anticipa una menor demanda de condominios de inversión por parte de dominicanos radicados en Estados Unidos, debido al menor crecimiento económico que se proyecta para esa nación.
Otro factor que frena la construcción es la escasa ejecución de obras públicas. Si bien hay fondos disponibles, las entidades gubernamentales presentan aprietos para iniciar o rematar infraestructuras. El obstáculo parece residir en la conceptualización de nuevos emprendimientos, en la gestión para culminar los existentes, y en la tramitación de pagos una vez que los contratistas presentan una factura certificada.
Ante este escenario, se pueden contemplar varias acciones. En primer lugar, y de suma importancia, es crucial diseñar e implementar políticas públicas que permitan amortiguar el tipo de interés de los nuevos créditos para viviendas. Alentar la securitización de hipotecas solventes para que sean adquiridas por capitalistas especializados, como las administradoras de fondos de pensiones (AFP), facilitaría extender los plazos y ofrecer tasas fijas por más de una década, disminuyéndolas progresivamente.
En segundo lugar, se aconseja implementar un plan vigoroso de construcción de obras públicas menores —como centros comunales, parques, caminos rurales— distribuidas a lo largo del país. Esto permitiría aumentar la implicación del Estado en la actividad económica.
En tercer lugar, deben agilizarse los trámites para la obtención de permisos en dependencias y el pago a los ingenieros que ejecutan obras estatales. La maraña burocrática no debe convertirse en un freno para la inversión ni para la realización de obras.
La economía se encuentra en ralentí y la edificación sigue en descenso, lo cual repercute negativamente en la industria local. Es perentorio que las autoridades implementen medidas a tiempo para reavivar este sector crucial para el desarrollo nacional.
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