Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Me sorprende constantemente toparme con noticias periodísticas que resaltan las discrepancias sobre la urgencia de ajustar lo estipulado en el Código de Trabajo dominicano respecto al cese de un contrato laboral por parte de un empleador.
Durante décadas, desde mi involucramiento en las conversaciones tripartitas a finales de los ochenta, los voceros de los empleados rechazan rotundamente cualquier modificación que, a su entender, implique una cesión de los supuestos derechos consolidados al finalizar la relación laboral. Hace poco tiempo, el Gobierno decretó un incremento salarial mínimo del veinte por ciento para el sector privado no segmentado, lo cual favoreció a cerca de dos millones de trabajadores.
Una secuela de esto es que los patronos se muestran reacios a mejorar la remuneración de aquellos que perciben un sueldo superior al mínimo establecido.
Resultará complicado recompensar por desempeño o eficiencia. Un salario mínimo determinado como base de sustento pierde coherencia si existen empleados dispuestos a laborar por una paga inferior, como es el caso de los indocumentados o los dominicanos empleados en negocios informales.
Fomentar la formalización, generar nuevas ocupaciones e impulsar al vasto sector no formal a integrarse como usuarios de servicios bancarios y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, son metas más saludables, deseables y generadoras de valor que seguir acumulando obligaciones laborales inmanejables que no benefician a nadie.
Las políticas públicas laborales más acertadas, con o sin acuerdo, deberían orientarse a incrementar la cifra de empleados en el sector particular; no a inflar desmedidamente las plantillas gubernamentales y destinar vastos recursos a ayudas sin distinción. Reitero con firmeza, ya que parece que estoy destinado a no acertar en nada…
Agregar Comentario