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MIAMI, EE. UU. – La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, efectuará una visita oficial a Cuba del 11 al 21 de noviembre para evaluar cómo las sanciones afectan los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) informó que la experta “presentará sus hallazgos y sugerencias en un documento que elevará al 63º ciclo del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026”.
La relatora analizará “hasta qué punto la imposición, mantenimiento o aplicación de sanciones unilaterales, sus modos de ejecución y el sobrefrenado impiden el pleno disfrute de los derechos” establecidos en la Declaración Universal y otros estatutos, “en una actitud de colaboración y consulta”, tal como se estipula en el requerimiento formal.
Esta visita se ampara en el mandato emanado de la Resolución 27/21 del Consejo de Derechos Humanos (2014), la cual enfatiza que las medidas coercitivas unilaterales y su legislación “resultan contrarias al derecho internacional” y, a largo plazo, “pueden generar complicaciones sociales y suscitar inquietudes humanitarias” en las naciones afectadas. La propia página web del mandato señala que la relatoría fue establecida para “recopilar toda la información relevante” sobre dichos impactos, estudiar tendencias y proponer recomendaciones.
El cuestionario del ACNUDH solicitó ejemplos concretos de derechos vulnerados en Cuba — abarcando salud, docencia, protección social y el derecho al progreso –, así como datos sobre los gremios más impactados (como energía e infraestructura vital), la influencia de las exenciones y permisos humanitarios, y la manera en que las “estrategias de cautela extrema” y el “exceso de cautela” por parte de bancos y corporaciones obstaculizan hasta los negocios permitidos.
También se inquirió si la designación recurrente de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” influye en los derechos humanos y se invitó a sugerir interlocutores con los que la relatora debería conversar en La Habana.
Simultáneamente, Naciones Unidas comunicó que Douhan — académica de Bielorrusia que ejerce el cargo desde 2020 — visitará Cuba para sopesar los efectos de las sanciones directas, secundarias y el sobrecumplimiento.
El escrutinio de las sanciones se desarrollará en un contexto donde el acceso a la sociedad civil independiente es limitado. Cuba no mantiene una “invitación rutinaria” para los procedimientos especiales del Consejo –una práctica de colaboración común en otros países–, y su disposición hacia visitas temáticas ha sido tradicionalmente restringida, según registros oficiales de la propia ONU.
Adicionalmente, persiste un patrón documentado de intimidación, arrestos arbitrarios y confinamiento domiciliario para impedir que activistas, periodistas y parientes de detenidos participen en encuentros o actos públicos. Human Rights Watch describe atropellos serios contra quienes protestaron y fueron apresados tras las manifestaciones de julio de 2021, e indica que, a pesar de algunas liberaciones sujetas a condiciones a comienzos de 2025, “cientos” siguen encarcelados.
Amnistía Internacional, por su parte, alerta que, tras la vigencia del renovado Código Penal en 2022, se intensificaron la judicialización, las detenciones inopinadas y las presiones, especialmente contra comunicadores y voces críticas, en un ambiente de “espacio cívico totalmente restringido”.
Reportes recientes de la CIDH detallan operaciones de vigilancia, citaciones irregulares y cortes selectivos de Internet para neutralizar a disidentes, tácticas que podrían mermar quiénes consiguen reunirse en privado con la relatora.
La utilización de normativas como el Decreto-Ley 370 (sobre digitalización) y el Decreto-Ley 35 (sobre telecomunicaciones) –señaladas pro organismos y medios internacionales como instrumentos para coartar la libre expresión en línea– también configuran un entorno donde entidades no gubernamentales, a menudo sin estatus legal, operan bajo riesgo de penalizaciones y aislamiento comunicacional.
El enfoque de Douhan ha puesto en relieve, además de las restricciones directas, el “sobrecumplimiento”: la inclinación de entidades bancarias y empresas a frenar transacciones legítimas por temor a sanciones o multas, un fenómeno que la relatora calificó recientemente como un desencadenante de “riesgos a la reputación” que paraliza operaciones permitidas. En su informe al Consejo en julio de 2025, advirtió que el exceso de cautela de las entidades financieras ha complicado incluso los pagos de bienes esenciales.
El cuestionario del ACNUDH indaga sobre el efecto de las medidas punitivas en salud, educación, suministro energético, apoyo social y empleo; su impacto en ancianos, personas con discapacidades y grupos en situación de vulnerabilidad; en la migración y los derechos de los migrantes; y sobre el funcionamiento real de las exenciones humanitarias para cubrir necesidades básicas. Asimismo, solicita ejemplos de “prácticas de cero riesgo” de bancos y firmas que inhiben intercambios autorizados con instituciones y sectores cubanos.
Esta perspectiva coexiste con otra realidad palpable: la situación de derechos humanos en Cuba posee factores internos que van más allá del régimen de sanciones. HRW y Amnistía han documentado sistemáticamente la persecución a la disidencia, las severas cortapisas a la libertad de expresión y asociación, y la numerosa cantidad de presos por motivos políticos.
Figuras notorias, como la nueva reclusión del opositor José Daniel Ferrer en abril de 2025, reafirman la continuidad de tácticas punitivas y el empleo de medidas cautelares para controlar las voces disidentes, incluso después de liberaciones sujetas a condiciones.
Douhan se entrevistará en La Habana con funcionarios, representantes de agencias de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, el cuerpo diplomático y “entidades no gubernamentales, el sector empresarial, la sociedad civil y académicos”, según el llamado formal.
La eficacia de la visita dependerá en gran medida de que la relatora pueda acceder sin coacciones a los actores no estatales y a los afectados –incluyendo a los familiares de los encarcelados–, en un país donde la ONU ha notado la ausencia de una invitación permanente a los procedimientos especiales, y la CIDH y agrupaciones independientes reportan trabas constantes a la participación ciudadana.
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