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Washington D.C. – Diecisiete miembros demócratas de la Cámara de Representantes instaron este miércoles al Departamento de Justicia de EE. UU. a reconsiderar su postura de no respaldar las ayudas económicas destinadas a centros universitarios con gran presencia de alumnado latino, lo cual implica un recorte de decenas de millones de dólares en fondos para las universidades de Puerto Rico.
La iniciativa fue encabezada por la congresista boricua del Partido Demócrata, Nellie Pou (Nueva Jersey), y el líder del Caucus Hispano en el Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York).
“El efecto de las instituciones dedicadas a la población hispana en la enseñanza nacional y en el desarrollo de la fuerza laboral no es una cuestión de afiliación política. La repercusión para los estados considerados conservadores será considerable si este fallo no se revierte”, declararon los legisladores demócratas, al hacer mención, por ejemplo, de Texas.
Los congresistas —entre ellos el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y Ritchie Torres (Nueva York)— enviaron un escrito a la secretaria de Justicia de EE. UU., Pamela Bondi, solicitándole que anule su decisión.
A escala nacional, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha destinado cerca de $350 millones anualmente a aquellas instituciones de educación superior que atienden a hispanos (HSI, por sus siglas en inglés), lo que ha beneficiado a universidades donde el 25% del estudiantado pertenece a este grupo poblacional.
Para el ciclo académico 2023-2024, Puerto Rico, con una población mayoritariamente de habla hispana y puertorriqueña, albergaba 56 recintos clasificados como HSI.
La determinación de empezar a suspender las subvenciones para aquellas entidades educativas que sirven a grupos minoritarios se tomó luego de que el fiscal general de Estados Unidos anunciara, en julio, que el Departamento de Justicia dejaría de argumentar a favor de la legalidad de dichos esquemas, los cuales están siendo impugnados por esferas conservadoras en Tennessee.
La anulación de este programa coincide con la línea de acción del presidente Donald Trump, orientada a erradicar cualquier iniciativa etiquetada como promotora de la diversidad, la equidad y la inclusión.
“El abandono de este programa federal crucial pone en riesgo la justicia educativa e invalida décadas de apoyo bipartidista a las HSI”, señalaron los representantes.
Pou manifestó que la negativa del Departamento de Justicia a defender este esquema, aprobado por el Congreso en 1998, “genera serias dudas acerca de su compromiso con la preservación del estado de derecho y la defensa de los intereses de los ciudadanos estadounidenses”.
“En un momento donde los latinos y las latinas son blanco de ataques, este programa proporciona un espacio seguro para el estudiantado que busca una comunidad y requiere nuestro respaldo, atención y defensa. Conminamos al Departamento de Justicia a que considere revertir su determinación y respalde firmemente el programa HSI en cualquier proceso legal”, concluyó Pou.
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