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Regulación.- Especialistas señalan a la libre empresa como causa de la desigualdad que afecta al magisterio.
Santo Domingo.- La asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al Ministerio de Educación ha mejorado considerablemente los haberes del personal docente en el ámbito público, pero no ha modificado la difícil situación y los míseros salarios de miles de educadores que laboran en el sector privado.
Bajo el postulado de la libre empresa, los centros educativos definen sus estructuras de remuneración sin supervisión estatal, generando una disparidad estructural que impacta negativamente el bolsillo de los profesores.
Los testimonios recogidos entre educadores de Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, San Cristóbal y el Distrito Nacional evidencian la disparidad en los sueldos mensuales entre las dos esferas (pública y privada), a pesar de realizar idénticas labores, notándose marcadas diferencias en beneficios adicionales y las facilidades disponibles para la enseñanza.
Conforme a cifras del Ministerio de Educación, el sueldo promedio de un maestro público se aproxima a los RD$65,578 después del reciente incremento del 10% aplicado. En contraste, los educadores del sector privado perciben entre RD$18,000 y RD$35,000 mensuales, sin ningún tipo de reconocimiento por antigüedad o seguridad contractual.
En Los Alcarrizos, una progenitora con dos hijos inscritos en un centro privado comunitario abona RD$1,800 al mes por el nivel elemental y RD$2,500 por el secundario. En la misma área, una institución semiprivada con enfoque evangélico cobra una matrícula anual de RD$8,000, sin incluir servicios complementarios.
En San Cristóbal, los padres consultados desembolsan entre RD$4,000 y RD$5,000 mensualmente en escuelas privadas convencionales, mientras que en Santo Domingo Este, una madre reportó pagar RD$7,000 al mes en un instituto semiprivado de nivel medio.
Estas tarifas contrastan con las de colegios privados del Distrito Nacional, donde, por ejemplo, una madre con dos niños en etapa inicial (hasta mediodía) paga RD$16,000 mensuales; y en un centro bilingüe de alto nivel, el costo anual ronda entre RD$225,000 y RD$240,000. A pesar de ello, los profesores entrevistados confirmaron que su ingreso no excede los RD$30,000 mensuales.
“La diferencia no solo se debe a una distinción sectorial, sino también geográfica; existe una segmentación incluso dentro del ámbito privado: no es lo mismo un centro en Villa Juana que uno en el exclusivo sector de Piantini”, comenta el economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Para él, la inexistencia de una normativa provoca una constante migración de docentes del sector privado hacia el público, en búsqueda de estabilidad y mejores remuneraciones.
De hecho, reportajes periodísticos del 2022 publicados por El Día ya daban cuenta de la “migración de maestros” desde el sector privado hacia el público, una situación que, según se indicaba, estaba generando una problemática y afectando el funcionamiento de las entidades educativas privadas.
Según la nota de El Día, la razón principal de esta huida de profesores desde las escuelas privadas hacia el sector estatal era que los educadores que superaron el Concurso de Oposición Docente del Ministerio de Educación están siendo contratados por el Estado, lo cual les ofrece mayores beneficios laborales, estabilidad y condiciones salariales superiores a las que reciben en los establecimientos privados.
En las zonas populares, los costes de los centros varían según el poder adquisitivo de las familias y el tipo de organización.
El economista Ciriaco señala que el Estado mantiene acuerdos con escuelas religiosas y semiprivadas, mayormente católicas, para extender la cobertura educativa.
Mediante el Programa de Apoyo a Centros Educativos (PASE) y convenios con entidades como la Sociedad Salesiana, el Gobierno cubre una parte del coste del personal docente, mientras que las instituciones afrontan otros gastos con colegiaturas reducidas.
Sin embargo, estos pactos no aseguran mejoras salariales ni seguridad laboral para los profesores involucrados, lo que perpetúa la inequidad dentro del sistema.
Desde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el líder Meregildo De la Rosa atribuye el problema a la falta de un marco de derechos laborales bien definidos, similar a lo que ocurre en otras profesiones.
“El maestro del sector privado carece de una trayectoria profesional definida; manejan contratos por ciclo lectivo, sin extras ni permanencia. Deberían organizarse para concertar condiciones más justas”.
Un profesor de secundaria entrevistado de una institución privada, que solicitó anonimato, con más de una década de experiencia, se limitó a expresar: “Hacemos el mismo trabajo que los del sector público, pero se nos paga muchísimo menos; nos vemos forzados a dar clases particulares para cubrir los gastos”.
El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, concuerda en que la raíz del asunto es estructural.
“En el sector privado no hay tarifa fija ni normativas. Los centros operan bajo la dinámica de la oferta y la demanda”, explicó Valdez, reconociendo que esa lógica de mercado libre permite la libertad empresarial, pero a su vez intensifica las disparidades entre maestros de distintos estratos sociales.
El economista Ciriaco Cruz sugirió que, en el marco de una reforma tributaria, se impongan límites a las deducciones fiscales para los colegios de mayores ingresos, para evitar que las ventajas fiscales beneficien desmedidamente a los más pudientes.
Detalló que, a través de la Ley de Gasto Educativo, las familias con ingresos formales pueden restar de su Impuesto sobre la Renta los pagos por la educación de sus hijos. No obstante, este beneficio se concentra en los contribuyentes de clase media y alta, que tienen empleos registrados y hacen declaraciones juradas, dejando fuera a los sectores populares y a las escuelas comunitarias.
“Los centros grandes, como los de estrato medio alto y alto, son los que más aprovechan este mecanismo. En cambio, las escuelas pequeñas o comunitarias no reciben ese respaldo”, afirmó Cruz.
De ahí que el economista considera que, en una potencial reforma fiscal, las exenciones deberían estar sujetas al nivel de ingresos de las familias y al tipo de institución, para evitar que los incentivos públicos terminen ensanchando la brecha entre escuelas de élite y las de menor coste.
Por su parte, la ADP plantea la creación de una representación sindical para los docentes privados, con el fin de establecer pactos sobre un salario base y requisitos laborales mínimos bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación.
La libre empresa seguirá siendo un postulado válido en la gestión educativa privada, pero la ausencia de umbrales mínimos mantiene la disparidad. Asegurar remuneraciones adecuadas no implica anular la autonomía de los centros, sino balancear el derecho a competir con el derecho a formar y vivir con dignidad.
Este reportaje forma parte del estudio final del Diplomado “Contraatacando la desinformación y el discurso de odio”, ofrecido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con apoyo de la UNESCO.
El propósito de este trabajo es promover un periodismo fundamentado, basado en datos y pruebas, que sirva para destacar las desigualdades estructurales del sistema educativo sin recurrir a la falsedad o a posturas confrontativas, promoviendo en su lugar un diálogo constructivo y enfocado en hallar soluciones.
Algo adicional.-
En lo que respecta a políticas gubernamentales, el Senado aprobó en primera instancia la reforma a la Ley 86-00, que permitiría al Ministerio de Educación fiscalizar los costos de reinscripción en las escuelas privadas, pero no incluye regulación de sueldos, lo cual abre la discusión sobre el papel del Estado ante la disparidad educativa.
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