Salud

Atención al Cristo: Se incrementan en las recientes jornadas las condenas a sanatorios y centros médicos por negligencias profesionales

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Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

El más reciente litigio conocido es el de la Clínica Corazones Unidos, la cual fue sentenciada a abonar 6 millones 875 mil pesos en concepto de resarcimientos y gastos devengados por negligencia médica afectando a dos personas. Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F. resultaron perjudicadas.

Hernández recibió una indemnización de un millón 590 mil pesos luego de un deterioro visual a causa de la colocación errónea de lentes intraoculares para corregir un defecto visual, lo que le ocasionó secuelas permanentes. La resolución 035-2023-SSEN-00954 fue dictada el 9 de octubre de 2023 por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La resolución judicial incluyó intereses acumulados desde que fue notificada el 16 de noviembre de 2023, calculados al 1.5 por ciento mensual.

Por su parte, el fallo civil número 1303-2023-SSEN-00407 favoreció a Del Socorro Alba F. con un pago de un millón 750 mil pesos, monto que se elevó a 3.5 millones de pesos al duplicarse el 1.5 por ciento de la suma establecida por el tribunal.

Dicha decisión judicial, además, ordenó el pago de dicha cantidad como compensación tras descubrir un paño olvidado en su tórax cerca del corazón durante una intervención quirúrgica practicada en el mismo sanatorio.

Ella había acudido al centro de salud para la inserción de un stent para solucionar un impedimento cardiovascular; se le dejó un apósito quirúrgico tras la cirugía para el dispositivo, un error que fue subsanado mediante una operación en territorio estadounidense.

Como resultado de ambos fallos, las cuentas de la Clínica Corazones Unidos en diversas entidades bancarias comerciales fueron congeladas.

Uno de los representantes legales de las pacientes, el licenciado Gilberto Objío Subero, comunicó que la clínica carece de un seguro de responsabilidad civil médica que ampare estos sucesos, por lo que procederán con las instancias legales necesarias para asegurar el cobro.

En el caso del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, este fue condenado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a abonar 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su extremidad inferior derecha al contraer una infección bacteriana tras ser operado ahí.

Encarnación Feliz instauró una reclamación por responsabilidad patrimonial, y la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo emitió el fallo núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, con fecha 31 de marzo de 2023, el cual fue objeto de recurso de casación.

Este mismo también obliga al abono de un interés legal del 1.5% mensual sobre las sumas mencionadas, como indemnización por los perjuicios relativos a la amputación y la prótesis de su pierna derecha.

El demandante fue admitido de urgencia el 19 de enero de 2016, tras sufrir un accidente de tránsito en el poblado de Baní, provincia Peravia, resultando con un traumatismo facial, específicamente en el tabique nasal, y una fractura expuesta en la tibia y el peroné de su miembro inferior derecho.

El 20 de noviembre de 2017, el paciente fue internado nuevamente, por emergencias, con una inflamación en la pierna derecha y dolor; se le valoró y se le realizaron estudios que no mostraron daños óseos, siendo remitido a la Dirección de Ortopedia para valoración con diagnóstico de osteomielitis de tibia derecha, infección ósea en la pierna derecha y resultado positivo al cultivo de la bacteria K.Pneumoniae.

A esta lista se suma el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), sentenciado a desembolsar 2 millones de pesos a la usuaria Sulandy Altagracia Crucet.

La jueza Clara Almonte, de la Segunda Sala del Tribunal Penal del Distrito Nacional, también impuso un mes de privación de libertad al cirujano plástico Asmín Aquino por impericia profesional.

Es digno de mención que en los últimos tiempos, las grandes instituciones se han visto forzadas a exigir a sus facultativos contar con un seguro que cubra las repercusiones de posibles litigios, dado que cada vez más asuntos llegan a la vía judicial.

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