Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Estados Unidos, noviembre de 2025 – El diálogo sobre quién ostenta la ciudadanía estadounidense por nacimiento ha tomado un giro inesperado. Si bien el foco de la discusión reciente estaba en los descendientes de indocumentados o aquellos con estatus temporal, un reciente documento del Departamento de Justicia (DOJ), presentado ante la Corte Suprema a principios de noviembre de 2025, magnificó el tema: ahora, la controversia podría abarcar también a hijos de ciudadanos de EE. UU. con doble nacionalidad o nexos legales con otras naciones.
El núcleo del debate permanece el mismo: la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadano de los Estados Unidos.” No obstante, el DOJ sugiere que la cláusula “sujeta a su jurisdicción” podría implicar un requisito adicional: la fidelidad exclusiva al país. Dicho de otro modo, la ciudadanía automática podría ser cuestionada si los padres o el propio menor mantienen ataduras legales con otro Estado.
Esta perspectiva significaría una alteración significativa de un precepto que ha sido fundamental para el ordenamiento estadounidense por más de un siglo. De ser aceptada, la duda ya no recaería únicamente sobre familias migrantes sin estatus legal, sino también sobre ciudadanos con doble filiación, como padres nacidos en EE. UU. que además poseen la nacionalidad mexicana, canadiense o colombiana, entre otras.
“El tema no es nuevo, pero su alcance sí lo es”, señaló el letrado en temas migratorios Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC. “Por primera vez, la discusión podría incluir a individuos que siempre se han considerado plenamente estadounidenses. Es una lectura que, a pesar de no tener validez legal todavía, genera inquietud en incontables familias binacionales.”
Se calcula que en Estados Unidos más de 40 millones de personas poseen o podrían reclamar una segunda nacionalidad. Muchas lo hacen por lazos familiares o por las leyes de sus países de origen. Si la plena ciudadanía llegase a vincularse con una presunta “lealtad única”, podrían surgir complicaciones en la expedición de pasaportes, el acceso a beneficios federales, la elegibilidad para ciertos puestos públicos, o incluso la validez de actas de nacimiento.
Para el jurista Quiroga, este panorama demanda cautela: “Las familias no deben entrar en pánico, pero sí deben mantenerse informadas. Todavía no hay una modificación normativa, pero es vital tener la documentación en orden y buscar asesoría legal antes de emprender cualquier gestión migratoria o de nacionalidad.” Su llamado busca mitigar la información errónea y las especulaciones que ya circulan en plataformas digitales.
El asunto, que inicialmente parecía un mero diferendo constitucional, adquiere ahora una dimensión social y afectiva. Millones de personas con raíces foráneas podrían sentirse señaladas o inseguras respecto a su propio estatus. La eventualidad de que la Corte Supremaexamine este expediente abre un nuevo frente en la ya intrincada relación entre ciudadanía, identidad y pertenencia en Estados Unidos.
Por el momento, la nueva interpretación no tiene efectos legales inmediatos. La Corte aún no ha resuelto si aceptará estudiar el caso, y el DOJ solo ha presentado argumentos teóricos. Sin embargo, el hecho de que la disputa figure en documentos formales marca un punto de inflexión: la ciudadanía de nacimiento vuelve a ocupar un lugar prominente en el discurso público y en la revisión legal del sistema norteamericano.
“El fondo de esta disputa es la credibilidad en las normas del país”, concluyó el abogado migratorio Héctor Quiroga. “Si se comienza a poner en tela de juicio quién corresponde y quién no, incluso entre los nacidos aquí, la repercusión no será solo jurídica, sino también social. Y eso nos afecta a todos, independientemente de nuestro origen.”
Agregar Comentario