Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
LOS ÁNGELES (AP) — Una magistrada federal señaló el viernes que el ejecutivo estadounidense sigue vulnerando las garantías constitucionales de los inmigrantes detenidos al limitar su contacto con letrados en un centro de reclusión en Los Ángeles, y dispuso que la administración del presidente Donald Trump corrija esta situación.
Recientemente, organizaciones de apoyo a los migrantes interpusieron una demanda en julio, alegando que el gobierno perseguía de forma sistemática a individuos de piel morena en el sur de California como parte de su ofensiva contra la inmigración. Además, acusaron a los agentes migratorios de arrestar personas basándose en su etnia, efectuar detenciones sin orden judicial y denegar a los retenidos la posibilidad de consultar con sus asesores legales en un centro de internamiento en el centro de Los Ángeles.
La jueza Maame E. Frimpong, de Los Ángeles, precisó que la resolución se fundamenta en una providencia provisional de julio que obligaba al erario a garantizar a los detenidos acceso a llamadas privadas y gratuitas con sus representantes legales.
El Departamento de Seguridad Nacional no emitió respuesta a un requerimiento de comentarios vía correo electrónico.
La magistrada manifestó que los denunciantes presentaron pruebas de que el gobierno no había acatado en su totalidad la directriz de julio.
Esta última establecía que el centro de detención debía estar abierto a las consultas de abogados los siete días de la semana, con un mínimo de ocho horas diarias en días laborables y al menos cuatro los fines de semana y festividades. Si bien las autoridades federales cumplieron con este punto, el tribunal también exigía a los oficiales informar, en un lapso de cuatro horas, a los demandantes si era necesario clausurar las instalaciones por alguna justificación y que dicha interrupción no excediera lo “sensatamente indispensable”.
“El Tribunal ha analizado todos los nuevos elementos probatorios presentados por ambas partes y resuelve nuevamente que el Estado está obstaculizando parcialmente la comunicación con los asesores legales”, escribió Frimpong en su dictamen.
Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, expuso en una audiencia judicial el 23 de octubre que los profesionales del derecho todavía enfrentaban obstáculos para reunirse con sus clientes.
Los abogados no empezaron a ser notificados sobre el cierre de las instalaciones sino hasta el 10 de septiembre. A menudo debían encontrarse con sus defendidos con la puerta abierta y con custodios presentes, lo cual impedía conversaciones confidenciales. Se han dado casos en que el centro se cerró por un protesta pacífica en otra localidad, lejana, apuntó Rosenbaum.
Los internados también han sido reubicados frecuentemente y sin aviso previo, en ocasiones desde el complejo de Los Ángeles a otros que no permiten visitas de abogados.
“Al otorgar esta medida precautoria, la jueza dejó bien claro que el Estado no tiene facultad para encarcelar individuos y cortar su nexo con sus profesionales legales”, declaró Rosenbaum en un comunicado posterior al fallo.
___
Esta crónica fue adaptada del idioma inglés por un editor de AP con asistencia de un instrumento de inteligencia artificial generativa.
Agregar Comentario