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NUEVA YORK (AP) — Cuando Dauda Sesay arribó a Estados Unidos tras escapar de la guerra civil en Sierra Leona y pasar casi una década en un campo de refugiados, desconocía la posibilidad de adquirir la nacionalidad. Sin embargo, le manifestaron que si acataba las reglas y evitaba inconvenientes, pasado un tiempo podría solicitarlo. Como habitante de EE. UU., estaría amparado.
Esto fue lo que lo impulsó a iniciar el trámite: la idea — y la garantía — de que al obtener el estatus de ciudadano estadounidense por naturalización, se forjaría un lazo con su nuevo terruño. Obtendría derechos y deberes, como el sufragio, y al comprometerse con la nación, esta también se comprometería con él.
“Al elevar mi mano y pronunciar el juramento de fidelidad, en ese instante creí en la promesa de pertenencia”, expresó Sesay, de 48 años, quien reside en Luisiana desde hace más de 15 años y trabaja como defensor de los refugiados y su inserción en la sociedad estadounidense.
No obstante, en los meses recientes, conforme el presidente Donald Trump rehace la política migratoria y el vínculo de la nación con los migrantes, esa convicción se ha erosionado para Sesay y otros ciudadanos ya naturalizados. Ahora existe el temor de que las iniciativas para incrementar drásticamente las deportaciones y modificar quién puede considerar a EE. UU. su hogar —mediante acciones como intentar anular la ciudadanía por nacimiento— estén generando un efecto dominó.
Lo que consideraban la salvaguarda esencial de la naturalización se siente ahora más como terreno inestable.
¿Qué ocurre si salen?
A algunos les inquieta que, de abandonar la nación, tendrían apuros al retornar, aterrorizados por los testimonios de ciudadanos naturalizados que han sido interrogados o retenidos por personal de fronteras estadounidense. Se preguntan si deberían bloquear sus teléfonos móviles para preservar su intimidad. Otros dudan en moverse incluso dentro del territorio nacional, tras conocer casos como el de un ciudadano acusado de encontrarse ilegalmente en el país y aprehendido aun después de que su progenitora mostrara su acta de nacimiento.
Hasta ahora, en este mandato de Trump, no hay indicios de un repunte en las pérdidas de nacionalidad. Pero eso no ha calmado a algunos. Sesay afirma que ya no viaja por el país sin su pasaporte, a pesar de poseer una REAL ID, la cual exige los rigurosos requisitos de identificación impuestos por el gobierno federal.
Los operativos migratorios, frecuentemente ejecutados por funcionarios federales encubiertos y sin identificación en sitios como Chicago y Ciudad de Nueva York, han llegado a detener a ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos, quien asegura haber sido retenido dos veces por agentes de inmigración, ha interpuesto una demanda federal.
Para acentuar la inquietud, el Departamento de Justicia emitió un memorando este verano anunciando que intensificaría los esfuerzos para revocar la nacionalidad a migrantes que hayan cometido delitos o sean considerados un peligro para la seguridad nacional. En un momento, Trump llegó a poner en tela de juicio la ciudadanía del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años que se naturalizó siendo joven.
Este ambiente provoca que algunos teman manifestarse sobre la situación en público, por miedo a atraer atención desfavorable sobre sí mismos. Las peticiones de comentarios a través de diversas agrupaciones comunitarias y otros contactos no lograron hallar a nadie dispuesto a hablar abiertamente, aparte de Sesay.
En Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava comenta que conoce el temor, pues creció sin la documentación requerida antes de acogerse al DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa del exmandatario Barack Obama que protegía de la expulsión a quienes fueron traídos al país siendo infantes— y obtener la ciudadanía por su matrimonio. Pero no esperaba presenciar tal pavor entre los ciudadanos naturalizados.
“Jamás había visto a esas personas sin temor (…) Los que conozco que antes no temían, ahora no están seguros sobre lo que su estatus les reserva en cuanto a un respaldo”, comentó Nava.
Stephen Kantrowitz, profesor de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, apuntó que el significado de la ciudadanía, y quién estaba incluido, ha crecido y menguado a lo largo de la historia estadounidense. Si bien la palabra “ciudadano” aparece en la Carta Magna original, no posee una definición, explicó.
“Cuando se redactó la Constitución, nadie sabía lo que implicaba la ciudadanía”, señaló. “Es un término técnico, proviene de la tradición revolucionaria francesa. Sugiere una suerte de equidad entre los miembros de una colectividad política, y conlleva ciertas implicaciones sobre el derecho a formar parte de esa colectividad. Pero es… bastante impreciso”.
La inmigración en EE. UU. y sus barreras
La primera normativa de naturalización aprobada en 1790 por el Congreso de la naciente nación estipulaba que la ciudadanía era para cualquier “persona blanca libre” de buena conducta. Las personas de origen africano o nacidas en África se integraron como una clasificación específica en la legislación federal de migración después de las secuelas de la Guerra Civil en el siglo XIX, momento en el que también se añadió la Enmienda Decimocuarta a la Constitución para establecer la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En los últimos años del siglo XIX y los albores del XX se promulgaron leyes que restringían la inmigración y, consecuentemente, la naturalización. La Ley de Inmigración de 1924 prohibió el ingreso a individuos provenientes de Asia porque no podían optar a la naturalización, al no ser ni blancos ni negros. Esto se modificó hasta 1952, cuando una ley migratoria suprimió las limitaciones raciales para la naturalización. La Ley de Inmigración y Naturalización de 1965 sustituyó el esquema migratorio previo por uno que repartía visados de manera equitativa.
La trayectoria histórica de EE. UU. también incluye periodos en los que se revocaba la nacionalidad a quienes la poseían, como tras el fallo de la Corte Suprema de 1923 en el caso Estados Unidos vs. Bhagat Singh Thind. La resolución dictaminaba que los indios no podían naturalizarse por no calificarse como blancos, lo cual condujo a varias decenas de revocaciones de estatus. En otras ocasiones se pasó por alto, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses-estadounidenses fueron forzados a campos de confinamiento.
“El poder político a veces simplemente determina que un grupo de individuos, o una persona o una familia, no tiene derecho a la ciudadanía”, indicó Kantrowitz.
En estos momentos, Sesay siente que es una traición.
“A los Estados Unidos de América, a eso fue a lo que dediqué mi juramento de lealtad y con eso fue con lo que me comprometí”, afirmó. “Ahora, dentro de mi propia nación, estoy presenciando una alteración… Sinceramente, ese no es el Estados Unidos en el que creía cuando llevé mi mano al corazón”.
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