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“Este relato cargado de racismo iguala el sentimiento nacional dominicano con un discurso contrario a Haití, considera a los haitianos seres inferiores o como un adversario foráneo”, manifestó AI.
La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró este lunes su exhorto al Gobierno de la República Dominicana para que anule el acuerdo que condiciona la asistencia sanitaria a haitianos indocumentados a su deportación, dado que estas acciones “no tienen justificación” y “resultan discriminatorias”.
La organización presentó este lunes, a través de zoom, el informe “Sanidad sin señalamientos: El efecto de las directrices migratorias en el derecho a la salud en República Dominicana”, donde abordó cómo las actuales políticas migratorias del Ejecutivo dominicano impactan en el acceso a la atención médica y ponen vidas en peligro, especialmente la de los migrantes procedentes de Haití.
Para fundamentar su análisis, Amnistía Internacional llevó a cabo un estudio estadístico utilizando datos del informe de producción de servicios y atenciones sanitarias en infraestructuras médicas públicas, además de cifras de Unicef.
Además, se realizaron entrevistas con un grupo de expertos profesionales y académicos en sanidad pública, medicina y colaboración internacional, así como con ciudadanos haitianos que utilizan los servicios públicos.
La entidad concluyó que las disposiciones contenidas en el protocolo sanitario y las razones aducidas por el gobierno dominicano “no son consistentes con lo estipulado en el marco global de los derechos humanos, particularmente en lo referente al acceso a la salud sin distinción”.
Por el contrario, afirmó, estas medidas fomentan prejuicios y arquetipos raciales, y disuaden a los haitianos que necesitan asistencia médica de acudir a los centros sanitarios, lo cual contraviene el derecho a la salud.
“Este relato cargado de racismo iguala el sentimiento nacional dominicano con un discurso contrario a Haití, considera a los haitianos seres inferiores o como un adversario foráneo”, señaló AI.
El protocolo, implementado en abril pasado, estipula que inspectores y personal migratorio deben verificar que los pacientes dispongan de identificación vigente, permiso de trabajo, comprobante de residencia en el país y cubran el coste de los tratamientos recibidos.
En caso contrario, recibirán atención médica y, tras su recuperación, serán repatriados, un proceder que, según la información recopilada por AI, “podría ser potencialmente contraproducente para el bienestar de todas las personas que residen en República Dominicana, y para la atención a colectivos vulnerables”.
Por este motivo, Amnistía Internacional solicitó al Gobierno dejar sin validez esta normativa y abstenerse de identificar, retener o devolver a Haití a personas haitianas que busquen atención médica.
Asimismo, debe evitarse la realización de expulsiones grupales y la devolución de cualquier ciudadano haitiano a Haití dadas las amenazas a su vida y sus garantías fundamentales que enfrentaría.
Igualmente, debe asegurarse que la falta de documentación o la situación de irregularidad no se conviertan en obstáculos para acceder a los servicios sanitarios.
En octubre del año anterior, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó el retorno masivo de migrantes en situación irregular, con un promedio de 10,000 por semana, afectando casi exclusivamente a haitianos, a pesar de las advertencias de agrupaciones y organismos internacionales sobre no efectuar devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas perdieron la vida debido a la violencia.
En lo que va de 2025, las autoridades dominicanas han devuelto a más de 370.000 haitianos al país, una cifra sin precedentes en la nación.
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