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Organización subraya que las cifras desmienten el mito de que la población migrante colapsa el sistema sanitario.
Santo Domingo. Diversos portavoces de Amnistía Internacional presentaron hoy el estudio “Sanidad sin Discriminación”, el cual examina el procedimiento de atención para usuarios foráneos en centros médicos y que, según denunciaron, resulta ser excluyente y basado en prejuicios.
Conforme a la entidad, la normativa exige credenciales migratorias para acceder a servicios gratuitos en hospitales públicos, generando así actos discriminatorios, racismos institucionales y un ambiente de temor a la expulsión que impacta particularmente a nacionales haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
Este esquema es aplicado por el gobierno de Luis Abinader desde abril del corriente año, y hasta ahora se han registrado tres decesos de individuos llevados al centro vacacional de Haina.
Según Valentina Ballesta, investigadora para la región de Amnistía Internacional, el protocolo transforma los hospitales en sitios de marginación, al tiempo que alertó que la República Dominicana está utilizando sus políticas migratorias como un mecanismo de expulsión.
“Los centros sanitarios deben ser lugares para el cuidado, no para el temor. Las disposiciones adoptadas fortalecen la discriminación racial y el ostracismo”, declaró.
Ballesta enfatizó que esta directriz contraviene compromisos internacionales relativos a los derechos fundamentales y distorsiona el discurso público al culpar a la migración haitiana por los problemas de índole estructural del sistema de salud.
Un aspecto central del análisis es la cotejo de datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y un sondeo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
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El investigador Diego Vázquez detalló que los ciudadanos haitianos representan el 8% de las consultas y el 14% de las internaciones, manteniéndose esa proporción constante desde 2023; las demarcaciones con mayor presencia solo suman el 2% del total nacional y no existen diferencias estadísticas notables que prueben una saturación por procedencia.
“Otro creencia muy difundida en el discurso es la de una alta saturación, y lo que hallamos es que, en realidad, este porcentaje mayor se concentra solo en ciertas áreas, como en Independencia, Elías Piña, Pedernales, algunas provincias específicas y El Seibo, aunque muestren cifras elevadas, la cantidad total de pacientes en estas zonas que informan porcentuales altos apenas alcanza el 2% de las consultas, es decir, solamente 2 de cada cien pacientes son atendidos en esa área”, especificó Vázquez.
De todo lo anterior se deduce que Vázquez considera que el argumento gubernamental carece de sustento técnico y se basa en prejuicios raciales, más que en pruebas concretas.
El informe resalta que la problemática del sistema de salud dominicano se debe a una financiación insuficiente y no a la migración desde Haití.
Esto es así porque la República Dominicana destina al sector el 2.7% del PIB, menos de la mitad del 6% considerado el estándar internacional; hay escasez de personal de enfermería, carencia de camas y precariedad en la infraestructura.
Estas carencias, según Vázquez, existían antes del incremento de la migración y siguen sin ser abordadas.
El examen de Unicef revela profundas disparidades en hogares donde predominan el criollo o el francés, como menor acceso a agua y saneamiento, mayor presencia de suelos de tierra, menos cobertura de vacunación, más desnutrición infantil y una tasa de mortalidad neonatal casi duplicada.
Vázquez afirmó que el protocolo magnifica estas brechas al generar aprensión para acudir a los hospitales, lo que podría incrementar la mortalidad materno-infantil y reducir el acceso a fármacos como los antirretrovirales.
Para Guillermo Rodríguez, jefe de campañas de Amnistía Internacional, el procedimiento institucionaliza un perfilamiento racial que afecta incluso a ciudadanos dominicanos de piel oscura, quienes también enfrentan detenciones arbitrarias o temor al utilizar los servicios sanitarios.
“Las acciones refuerzan narrativas prejuiciosas y desvían la atención del inconveniente real: la falta de inversión en el ámbito público”, señaló.
Rodríguez advierte que desalentar la búsqueda de atención médica aumenta el riesgo epidemiológico y debilita la capacidad de respuesta sanitaria del país.
Rodríguez puntualizó que el estudio finalizó con un llamamiento perentorio al Gobierno para que cese las deportaciones efectuadas desde los hospitales, además de anular la normativa sanitaria para extranjeros.
Asimismo, insta a abordar las raíces del problema, como la insuficiencia de inversión en servicios básicos, establecer una política migratoria equitativa y apegada a los derechos humanos, y asegurar atención médica universal y libre de todo sesgo.
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