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Pese a los numerosos avisos emitidos durante años, la reubicación de los primeros reclusos sigue en espera, mientras el hacinamiento persiste en la prisión de La Victoria y otras instalaciones carcelarias del país.
La tan ansiada inauguración del penal de Las Parras, denominado oficialmente Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Nueva Victoria, se ha convertido en una larga historia de promesas incumplidas y aplazamientos que abarcan dos gestiones gubernamentales.
A pesar de los múltiples anuncios a lo largo de los años, el traslado de los primeros internos sigue pendiente, mientras que continúa el hacinamiento en la cárcel de La Victoria y otros recintos carcelarios del país.
La puesta en marcha de esta supercárcel, concebida para mitigar la grave saturación de la vieja Penitenciaría Nacional de La Victoria, ha sido diferida en al menos dos instancias fundamentales, sumando varias fechas fallidas para dar inicio a sus operaciones.
La obra tuvo su corte de cinta formal en agosto de 2020 bajo el mandato del expresidente Danilo Medina, durante la dirección del entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, hoy involucrado en un litigio por presunta corrupción.
En aquella ocasión se anunció su pronta operatividad; sin embargo, la prisión quedó desatendida.
Posteriormente, la estructura quedó bajo investigación por supuestas anomalías (caso Operación Medusa), lo que paralizó cualquier plan de mudanza y dejó el edificio sin uso.
Al asumir el actual mandato, el Gobierno del presidente Luis Abinader identificó la necesidad de ajustar y reformar el diseño del complejo penitenciario situado en el municipio de Guerra, Santo Domingo Este.
Desde finales de 2023, se han divulgado varias fechas para la entrega de la primera etapa del penal, incluyendo la creación, por decreto, de una Comisión de Reforma Penitenciaria, liderada por Jorge Subero Isa, con el fin de finalizar dicha cárcel.
Entre sus integrantes destacan el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; y el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín. Adicionalmente, forman parte del equipo los responsables de las facultades de ingeniería de universidades como la UASD, UNPHU, PUCMM, INTEC y UNIBE, quienes aportan su pericia técnica para garantizar la calidad y eficacia del proyecto.
Posteriormente, las autoridades, incluido el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), señalaron un nuevo lapso entre abril y junio de este año.
La comunicación más reciente y, hasta el momento, firme de las autoridades, apuntaba al mes de agosto de 2025 para la apertura de la primera fase, con capacidad inicial para 2,400 reclusos.
El recinto de Las Parras está diseñado para acoger hasta 8,000 presos, lo que permitiría el cierre definitivo de la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Si bien se espera el traspaso de los primeros privados de libertad, el proceso completo, que implica el vaciado total del antiguo centro, se ha previsto para finales de 2026.
El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras forma parte de un convenio primordial entre el MIVED y la Procuraduría General de la República (PGR). Conforme al acuerdo, el MIVED se encarga de la edificación y dotación de las instalaciones, mientras que la PGR fiscaliza las normativas de diseño y seguridad, asegurando que el lugar cumpla con los requerimientos legales y morales.
Este proyecto busca no solo solucionar la actual sobrepoblación carcelaria, sino también potenciar la capacidad de reinserción y proporcionar condiciones adecuadas para los encarcelados.
Además de la expansión del CCR Las Parras, la comisión también tiene asignadas otras responsabilidades específicas, como la mejora de la infraestructura recuperable del penal de La Victoria y la conclusión de trámites legales y administrativos ligados a la habilitación del nuevo complejo.
Estas acciones forman parte de una estrategia global para modernizar el sistema penitenciario dominicano y conferirle mayor dignidad y funcionalidad.
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