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El FMI presiona con nuevas modificaciones y la contraria contesta pidiendo sueldos que aguanten los recortes

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Santo Domingo,- La reciente exhortación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar las transformaciones estructurales en la nación, incluyendo el Pacto Eléctrico, la evaluación de las subvenciones y una posible reforma tributaria, ha reavivado la contienda política. Diversos grupos señalan que las modificaciones no deberían impactar negativamente a los ciudadanos.

En este contexto, la Fuerza del Pueblo intensificó las gestiones en el Congreso para que el Ejecutivo acate la actualización salarial contemplada en la ley, algo que consideran fundamental antes de abordar cualquier reforma fiscal.

El portavoz del movimiento, Rafael Castillo, rememoró que la falta de ajuste salarial perjudica a alrededor de 765 mil empleados, que siguen tributando Impuesto Sobre la Renta sin que se les aplique la corrección por la alza de precios. A su juicio, mientras las escalas del ISR permanezcan inamovibles, “es improcedente discutir nuevas imposiciones”.

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La Fuerza del Pueblo sostiene que, previo a exigir mayores renuncias a la ciudadanía, el Estado debe optimizar la eficacia del gasto público. En este sentido, apoyan las sugerencias del senador Omar Fernández, quien propone mejorar el esquema eléctrico, examinar el incremento de la plantilla gubernamental y encarar deudas que ocasionan más de 350 millones de dólares anuales en intereses sin generar rendimientos productivos.

La petición del FMI de agilizar las reformas eléctricas y examinar los subsidios también provocó respuestas de legisladores de distintas agrupaciones, tanto opositores como oficialistas. Si bien admiten la relevancia de robustecer la estabilidad financiera, advierten que este no es el momento oportuno para acciones que aumenten el peso económico sobre la población, afectada por la inflación y la disminución de su capacidad de compra.

Para la bancada opositora, efectuar la indexación de los sueldos enviaría un mensaje de consideración hacia los asalariados y facultaría la discusión con más autoridad sobre las modificaciones sugeridas por la entidad internacional.

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