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NUEVA YORK – Yariel Ramos, agente especial interino a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Juan, Puerto Rico, defendió la actuación de los agentes de esa oficina en el operativo efectuado en el barrio Capetillo el fin de semana, donde una mujer embarazada fue tirada al suelo.
En declaraciones escritas solicitadas por este medio, Ramos explicó que fueron los residentes quienes comenzaron a hostigar a los agentes mientras estos intentaban llevar a cabo la intervención de control migratorio en esa área.
“En este suceso, los agentes fueron rebasados en número por los vecinos que los agredieron, incluyendo una fémina preñada que se puso en riesgo al atacar en dos ocasiones a un oficial federal. El agente no estaba al tanto de su estado de gestación. Este tipo de conducta constituye un delito serio y los involucrados enfrentarán consecuencias legales”, señaló el vocero de ICE al ser consultado sobre si los agentes pudieron haber excedido el uso de la fuerza.
Ramos agregó que “la mayoría de las detenciones se realizan en calma y sin oponer resistencia. Solo un pequeño porcentaje de los casos se torna violento, y son estos incidentes los que generalmente se difunden en las redes sociales, mostrando solo una perspectiva de lo ocurrido”.
Respecto a la magnitud del operativo del 15 de septiembre, indicó que fue una acción de control migratorio en todo el municipio de San Juan (capital de Puerto Rico), como parte de las labores cotidianas de las autoridades federales en la isla.
“En todo San Juan se efectuaron 19 aprehensiones. De forma específica, en Capetillo se concretó un arresto. Todos los individuos detenidos se encontraban de manera irregular en Estados Unidos; conforme a la Orden Ejecutiva Presidencial, estas personas deben ser deportadas”, afirmó el agente especial interino de ICE.
A diferencia de lo que argumentan activistas y colectivos en apoyo a los inmigrantes, el portavoz de ICE aseguró que los oficiales federales “siempre” anuncian su presencia, ya sea vestidos de uniforme o de civil, “portando chalecos debidamente identificados con el signo de la agencia y en vehículos oficiales”.
“En caso de que haya resistencia, los agentes están facultados para emplear la fuerza requerida, incluyendo el uso de pistolas TASER, según los protocolos de la agencia. Cualquier evento que derive en obstrucción o agresión será sometido a investigación y entregado a la Fiscalía Federal para el inicio de los cargos pertinentes”, continuó.
Ramos manifestó que consideran sumamente grave cualquier empleo de la fuerza por parte de los agentes que no esté justificado. En ese orden, instó a quienes posean alguna queja de conducta inapropiada, abuso de autoridad o transgresión de las normas a notificar la situación a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Las notificaciones se pueden realizar vía internet, por teléfono, correo electrónico, por correo postal o de manera presencial. Para mayor información, visite http://www.ice.gov, sección OPR”, especificaron. Añadieron que las personas también pueden contactar a la Oficina del Inspector General: https://oig.hhs.gov/
Por otra parte, Ramos advirtió sobre las repercusiones legales para aquellos que se opongan a un arresto o agredan a oficiales federales, según el Título 18 del Código de los Estados Unidos, que contemplan una pena de hasta 1 año de cárcel por resistencia u obstrucción sin violencia y hasta 8 años de prisión por agresión con violencia.
“Los individuos con estatus migratorio irregular que cometan estos delitos enfrentarán trámites de deportación adicionales, incluyendo la posibilidad de exclusión de retorno”, se precisa en las declaraciones de la oficina de ICE en San Juan.
La oficina también exhortó a los líderes comunitarios a fomentar la colaboración con los agentes federales. “Esto ayudará a evitar sucesos desafortunados, tanto para la comunidad como para los agentes”, señalaron.
Según los datos suministrados por la institución a El Diario, hasta inicios de la tercera semana de noviembre, el total de detenciones de migrantes sin estatus regularizado sumaba 1,384. De ese total, 1,221 fueron administrativas y 163 de naturaleza penal. Los aprehendidos provienen de 41 países, pero la gran mayoría, 1,041, son dominicanos, lo que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) atribuye a la “elevada concentración” de esa población en el territorio.
Las autoridades federales compartieron con El Diario las estadísticas de las 10 nacionalidades con mayor número de detenidos hasta la fecha mencionada. A los dominicanos les siguen 80 de Haití; 50 de Venezuela, 23 de México, 19 de China, 16 de Cuba, 16 de Uzbekistán, 15 de Brasil, 14 de Argentina y 10 de Colombia.
Ramos hizo un llamado a las personas con estatus migratorio no permanente a aprovechar los recursos disponibles, como la aplicación CBP Home para autodeportarse a su nación de origen o a otro lugar donde posean estatus legal. Esta alternativa ofrece un incentivo de $1,000 dólares, destacó.
“Nuestra meta como agencia es tratar a todos los ciudadanos con decencia y respeto. No obstante, no toleraremos ningún ataque o acto de violencia contra nuestros oficiales. Quienes intenten tales acciones serán procesados con todo el peso de la ley”, finalizó Ramos, encargado interino de ICE en San Juan.
El Diario entrevistó a José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, como parte de la cobertura de este tema y aquí puede leer el reportaje.
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