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Las acciones militares, instruidas por el ejecutivo Gustavo Petro, han suscitado una controversia en torno a la observancia del derecho internacional humanitario (DIH), la responsabilidad del Estado y el rol de las organizaciones armadas en la captación de infantes.
Los ataques aéreos del Estado colombiano contra el Estado Mayor Central (EMC), la principal facción disidente de las FARC, han provocado una conmoción política y legal en el país tras confirmarse el deceso de al menos doce jóvenes reclutados forzosamente por esa guerrilla.
Las operaciones, dispuestas por el presidente Gustavo Petro, han abierto un espacio de discusión sobre el acatamiento del derecho internacional humanitario (DIH), la culpabilidad estatal y la función de los colectivos armados en el alistamiento de niños.
A continuación, se presentan los puntos clave para comprender el contexto:
1. ¿Qué es el EMC?
El Estado Mayor Central (EMC) se conformó con los frentes primero y séptimo de las antiguas FARC que no aceptaron el pacto de paz alcanzado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016.
Conforme al Ministerio de Defensa, el número de miembros del EMC se incrementó en un 20 % este año, estimándose que la agrupación cuenta con cerca de 4.000 combatientes, que se financian mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la explotación ilegal de recursos y la extorsión.
Este conjunto inició sus actividades en departamentos de la Orinoquía, como Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, pero gradualmente extendió sus incursiones a otras áreas del territorio nacional, incluyendo Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
La administración de Petro inició diálogos de paz con el EMC, pero en 2024 los paralizó, retomándolos posteriormente únicamente con una facción menos confrontativa del grupo.
2. Alias Iván Mordisco
El líder del EMC es Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, el individuo más buscado en la nación.
Mordisco, quien lideraba el frente primero de las antiguas FARC, fue reportado como fallecido en una incursión militar en julio de 2022 en el Caquetá, y este año surgieron nuevas especulaciones sobre su posible deceso en otro enfrentamiento.
Sin embargo, Mordisco reapareció este martes en un video difundido en redes sociales para proferir amenazas al Gobierno colombiano por haber ordenado los bombardeos contra sus unidades donde perecieron infantes reclutados a la fuerza.
3. Los menores fallecidos
Los recientes ataques aéreos contra esta disidencia han resultado en la pérdida de al menos una docena de menores que integraban las filas del EMC.
Según el Instituto de Medicina Legal, este conteo abarca cuatro niñas y tres niños muertos en un bombardeo el 11 de noviembre en el Guaviare, donde cayeron 20 combatientes.
Cuatro jóvenes más perdieron la vida en una incursión el 1 de octubre en el Caquetá, durante una ofensiva contra el EMC que, según el relato gubernamental, albergaba campamentos con reclutamiento activo de adolescentes.
A ellos se suma el fallecimiento de otro menor en un ataque aéreo en Arauca, limítrofe con Venezuela, el 13 de noviembre, una acción también dirigida contra el círculo de seguridad de Mordisco.
4. El dilema humanitario
Estos decesos agravaron las críticas hacia Petro, quien, desde la oposición, había censurado duramente a los gobiernos anteriores cuando bombardeos causaban la muerte de niños alistados por la guerrilla, y la Defensoría del Pueblo instó a la suspensión de dichos ataques.
El eje de la controversia reside en el principio de diferenciación del DIH, que estipula la obligación de discernir en todo momento entre combatientes y población civil, y de adoptar cautelas para prevenir daños incidentales a individuos bajo protección especial, como los niños captados ilegalmente.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su “seria inquietud” por la muerte de los primeros siete menores, aunque coincidió con el Ejecutivo en que las organizaciones armadas que integran a menores en sus filas los emplean como “escudo humano”, lo cual constituye una transgresión penal internacional.
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, afirmó este martes en declaraciones a EFE que los bombardeos contra agrupaciones armadas irregulares continuarán siempre que resulten “imperativamente necesarios”.
5. La respuesta presidencial
A pesar de las objeciones, Petro asumió la responsabilidad política por la incursión en el Guaviare y ofreció disculpas a los allegados de los afectados. No obstante, reiteró que el ataque se ejecutó respetando el DIH ya que, según su versión, “no había ciudadanos” y el Ejército “desconocía la presencia de menores”.
De acuerdo con el mandatario, esto previno un posible asalto de unos 150 efectivos de las disidencias contra soldados desplegados en la zona. El presidente argumentó adicionalmente que abstenerse de operaciones de este tipo fomentaría un incentivo perverso para que los grupos armados sigan captando infantes.
Estas acciones bélicas se han intensificado a pesar de que Petro inició su mandato con la promesa de dar prioridad a la negociación a través del programa de “paz total”.
Entidades como la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Fiscalía Penal Militar y Policial iniciaron investigaciones sobre los bombardeos con el objetivo de determinar si se acataron los preceptos de cautela, humanidad y proporcionalidad exigidos por el DIH.
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