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El recién nombrado obispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se ha posicionado como la figura de la Iglesia Católica que tacha el fallo de “equivocado” e “inapropiado”, sumándose así al clamor de agrupaciones como la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).
La reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las uniones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha provocado una coincidencia en la condena entre las principales denominaciones cristianas del país, tanto católicas como evangélicas.
El nuevo obispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se ha erigido como la voz de la Iglesia Católica que califica la decisión de “errónea” y “fuera de lugar”, amplificando la protesta de colectivos como la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).
En el centro de la polémica, el obispo Morel Diplán exteriorizó su profunda inquietud por la decisión judicial, señalando que el TC “debió sopesar mucho mejor el asunto”.
Desde su óptica, al anular las disposiciones que sancionaban la “sodomía” en los Códigos de Justicia, el tribunal está “abriendo el paso en entidades importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad”.
El prelado insiste en la necesidad de prudencia social, indicando que la medida “envía un mensaje negativo a la sociedad”.
Su argumento principal se centra en la defensa de la estructura familiar tradicional: “Es vital preservar y cuidar los valores familiares, la unión entre el hombre y la mujer”.
Adicionalmente, el obispo apuntó que el manejo de estos temas, la homosexualidad, se está llevando a cabo de forma encubierta, recordando sucesos previos como el matrimonio entre dos varones oficiado por el exembajador de Estados Unidos, James “Wally” Brewster.
El obispo concluyó con una tajante desaprobación: “Por lo tanto, no lo encuentro acertado, considero que es una equivocación por parte de la instancia (Tribunal Constitucional)”.
Evangélicos: “Una abominación moral”
La opinión del obispo Morel Diplán se une y refuerza la enérgica reacción que ya había expresado la comunidad evangélica, conformando un frente cristiano conjunto.
La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana catalogó la Sentencia TC/1225/25 como una “falta ética grave” y un “atentado directo a los fundamentos morales, éticos y espirituales” de la nación.
Sostienen que la resolución es “ilegal” porque ignora el compendio de valores de la Carta Magna, y que la introducción de estas conductas es “destruir el núcleo mismo de la institución militar”.
Por su parte, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) manifestó, a través de su líder, Feliciano Lacen, que el dictamen es “una afrenta directa a las buenas costumbres, la probidad pública y los valores heredados”.
Advirtieron que la sentencia sentará un “antecedente riesgoso” y califican el acto como un “proceso de desgaste cultural”.
Ambas organizaciones exhortaron a los poderes competentes a “revisar, revertir o dejar sin efecto esta disposición” para prevenir rupturas en el orden disciplinario y ético del país, reflejando la misma preocupación por la moral y la disciplina que evidenció el obispo coadjutor.
La cohesión de las iglesias se alza contra el fallo que declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas).
Las normativas eliminadas castigaban la “sodomía” (relación sexual entre personas del mismo sexo) con penas de cárcel correccional de dos meses a dos años.
El Tribunal Constitucional dictaminó que dichas normas transgredían la pauta de la sensatez y discriminaban sin fundamento a los individuos por su inclinación sexual, afectando derechos como la privacidad, el desarrollo libre de la personalidad y el derecho a laborar.
No obstante, el veredicto no fue unánime, pues la jueza Eunisis Vásquez Acosta emitió una opinión contraria, argumentando que las reglas debieron ser examinadas bajo la perspectiva del régimen especial de disciplina militar.
En este esquema particular, añadió Acosta, la limitación de ciertos derechos fundamentales está permitida por las necesidades operacionales de cohesión y orden, una postura que implícitamente apoya la inquietud de las iglesias relativa al impacto disciplinario del fallo.
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