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El TC concedió al Congreso Nacional un plazo de un año para solucionar las inconsistencias. De no acatar el fallo TC/076524 en ese lapso, la República Dominicana se vería obligada a retornar al estado legal del año 2002.
La Ley 10-15 del Código Procesal Penal sigue en vilo, puesto que el próximo 11 de diciembre podría quedar sin efecto, tras el Tribunal Constitucional (TC) haber hallado vicios de inconstitucionalidad en su texto durante el 2024.
El TC otorgó al Congreso Nacional un lapso de un año para enmendar las fallas. Si la sentencia TC/076524 no es acatada en el término fijado, el país tendría que volver a la legislación del 2002. En aquel año entró en vigor el antiguo Código Procesal Penal, previo a su reforma del 2015.
Debido a la urgencia de este asunto, el Senado de la República sancionó el 28 de octubre un proyecto de ley que, además de resolver este dilema constitucional, busca preparar dicha estructura procedimental ante la entrada en vigor del nuevo Código Penal, previsto para el tercer trimestre de 2026.
No obstante, la perspectiva en la Cámara de Diputados difiere. La comisión y subcomisión de Justicia de ese órgano legislativo comunicaron a este medio que prefieren postergar el estudio de la propuesta enviada por el Senado para enfocarse en solventar las inconstitucionalidades detectadas en la ley vigente.
“El propósito es reintegrar todo, pues de lo contrario regresaríamos al 2002. Una vez subsanado esto y eliminado el riesgo de inconstitucionalidad, nos sentaremos con calma a considerar la profunda reforma que provino del Senado”, declaró el diputado Wandy Taveras a periodistas de este medio.
Taveras, quien preside la comisión de Justicia, detalló la semana pasada que la legislación avalada en la cámara alta demanda “bastante tiempo” para su análisis. Además, no descartó que los diputados le introduzcan variaciones.
Por este motivo, insistió en que darán prioridad a una iniciativa legal radicada en la cámara baja, para así dedicarse exclusivamente a asegurar la vigencia de la ley procesal penal.
Taveras alertó sobre las consecuencias que implicaría la anulación de la Ley 10-15, pues generaría serios inconvenientes a los juicios en curso en los tribunales.
“Estamos atendiendo lo que sí representa un peligro cercano para el sistema procesal del (país), que es la declaración de inconstitucionalidad. Si eso ocurre, podría suscitar graves problemas a los procedimientos judiciales activos”, señaló el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El congresista Omar Fernández, coautor del proyecto tramitado por el Senado, respondió a la postura del diputado Batista, reconociendo que el Poder Legislativo trabaja contra reloj.
Aun así, opinó que la acción “más acertada” en la Cámara de Diputados sería aprobar la pieza remitida por los senadores.
“Considero que lo que provino del Senado fue largamente debatido y consensuado, y todavía tienen tiempo para revisarlo y comprender lo que hemos acordado aquí”, dijo Fernández la semana pasada al ser consultado por este medio.
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, informó este miércoles que están evaluando las vías posibles antes del vencimiento del plazo impuesto por el TC, pero afirmó que no disponen del tiempo suficiente para debatir la propuesta originada en el Senado.
“No excluyo ninguna vía y en las reuniones que estamos sosteniendo definiremos un método y un camino a seguir”, destacó durante una rueda de prensa en su despacho.
Aunque fue el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien dio a conocer a la prensa que la fecha límite es el 11 de diciembre, Pacheco declaró a los reporteros que no conocía la fecha tope, indicando que están consultando al TC.
Entretanto, Pacheco aprovechó su intervención para asegurar a la ciudadanía que los cuerpos legislativos tomarán “las mejores decisiones”.
“Debemos actuar, sin ser unilaterales (puesto que) sabemos que formamos parte de un conjunto de voluntades. Veremos qué soluciones podemos hallar en caso de que no (alcancemos) un acuerdo”, finalizó diciendo Pacheco.
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