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La mayor parte del agregado pétreo sacado para elevar el terraplén de la vía, provino de las laderas de poblados como Los Cocos, San Francisco, Jacagua, entre otros.
La destrucción forestal que padece la Cordillera Septentrional, visible a distancia desde la ciudad de Santiago, resulta irreversible.
Esto se debe a que un litigio legal que intentaba frenar la actividad extractiva en la zona, culminó con un fallo del Tribunal Constitucional que veta la remoción de materiales de dichos terrenos.
La Cordillera Septentrional es un macizo montañoso que bordea la costa norte del país, extendiéndose desde Monte Cristi hasta la Sierra de Samaná. Tan solo en el sector del municipio de Santiago, casi colindante con el área urbana, tienen su origen 7 ríos: Arroyo Gurabo, Jacagua, San Francisco, Quinigua, El Arequillo, y otros afluentes del Yaque del Norte.
Periodistas de LISTÍN DIARIO conversaron con Nelson Bautista, ecologista y líder de Acción Verde, quien detalló que la tala de la montaña se origina en tres fases cruciales: la tala ancestral, la destinada a la explotación minera y la ligada a la edificación de residencias en los cerros.
En primer lugar, la deforestación histórica, que abarca los primeros desbroces efectuados para la agricultura, sustento y edificación de moradas, que datan de hace décadas, pero que en aquel entonces eran relativamente controlables.
La segunda, “la de mayor impacto de todas”, fue la tala para la minería, particularmente a raíz de la construcción de la circunvalación Norte de Santiago, ya que la inmensa mayoría del material pétreo extraído para la cimentación de la avenida provino de las elevaciones de localidades como Los Cocos, San Francisco, Jacagua, etc.
Esa extracción de material, que careció de una supervisión adecuada, no se ejecutó con el rigor técnico o base científica necesaria para su posterior recuperación, y no se realizaron bancos escalonados para poder reposicionar suelo vegetal y sembrar en ellos.
“Debido a la metodología empleada por la entidad minera, los residentes se organizaron y presentaron diversas instancias judiciales, buscando detener la extracción, y para beneficio de los explotadores (quienes construían la vía), las comunidades lograron ganar en los tribunales”, comentó Bautista.
Aclaró que esto resultó un beneficio para ellos, puesto que al llegar al Tribunal Constitucional, se emitió una sentencia que prohibía cualquier clase de extracción en esas laderas.
“La comunidad inicialmente se sintió satisfecha, pero no percibió que si no se permitía ninguna clase de extracción y el corte había sido completamente vertical, tampoco habría posibilidad de recuperarla ecológicamente, ya que es imposible plantar vegetación en ese talud recto”, indicó.
Señaló que la comunidad, buscando evitar más perjuicios, consiguió un resultado que favoreció a los mineros, quienes se escudan argumentando que no pueden hacer nada, pues el Tribunal Constitucional lo vetó y su decisión no admite recurso. Similarmente, el Ministerio de Medio Ambiente alega no poder ejecutar cortes o reforestación, por estar vedado.
La tercera fase que ha marcado la devastación en esta zona, específicamente en el tramo de Santiago, son los nuevos proyectos habitacionales en la ladera, que, mejoradas las vías de acceso y considerando que la vegetación existente no tiene valor, buscan sustituirla por arbolado más ornamental, introduciendo especies ajenas a ese ecosistema y eliminando la flora nativa de esa montaña.
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