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Washington, EEUU.- Nuevas grabaciones conseguidas por reporteros de The Associated Press exponen la coordinación previa entre letrados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y personal del ICE para efectuar capturas de personas que solicitan asilo directamente en los tribunales de Estados Unidos. Las comunicaciones revelan cómo se planean aprehensiones minutos antes de que los magistrados archiven los expedientes.
Las capturas ilustran cómo una representante legal del gobierno comunicaba al instante a un agente que esperaba en el pasillo mientras se preparaba para solicitar el cierre del caso de un migrante cubano, quien asistió a su comparecencia acompañado de su esposa y su bebé. Tras la decisión judicial, los agentes lo interceptaron al salir de la sala, entre gritos y forcejeos.
Estas escenas, registradas en 21 localidades, forman parte de una reestructuración del sistema de cortes de inmigración bajo la administración de Donald Trump, donde las audiencias se han transformado en zonas de peligro para quienes cumplen con sus citaciones legales. Según fuentes oficiales consultadas, los juzgados funcionan como una “trampa” que facilita expulsiones inmediatas.
Los relatos indican que las detenciones se programan con varios días de antelación, utilizando hojas de cálculo donde se marcan los asuntos “propensos” a ser desechados, permitiendo al ICE actuar sin tardanza. La mayoría de los arrestados no tienen representación legal ni historial delictivo.
Paralelamente, el gobierno ha destituido a cerca de 90 jueces de inmigración considerados excesivamente permisivos y ha reforzado las instrucciones internas, lo que ha resultado en mayor rechazo de casos, denegación de aplazamientos y aumento de expedientes marcados como abandonados.
Entretanto, la ayuda legal gratuita ha disminuido drásticamente tras el recorte de 30 millones de dólares a programas de apoyo, forzando a agrupaciones como American Gateways a operar desde aparcamientos para evitar que los migrantes sean apresados dentro de las instalaciones judiciales.
La tensión sobre los solicitantes de refugio también ha generado un repunte histórico de partidas voluntarias, con más de 14 mil individuos pidiendo permiso judicial para dejar el país en los primeros meses de 2025.
Frente a estas circunstancias, miles de inmigrantes han acudido a tribunales federales para presentar recursos de habeas corpus, buscando detener detenciones que consideran injustificadas. Aun así, muchos no pueden costear asesoría legal, quedando vulnerables a operativos que, para sus familias, concluyen en separaciones súbitas y dolorosas.
Las imágenes difundidas y las declaraciones de funcionarios describen un sistema sometido a cuotas, presiones políticas y una visión del procedimiento migratorio visto como línea de producción, donde la prioridad es acelerar las deportaciones, sin importar el coste humano.
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