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Bogotá. — La acción contra las drogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico “podría estar generando fusilamientos extrajudiciales sin que exista un solo sistema de comprobación imparcial”, alertó a EFE la subdirectora de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien solicitó al Ejecutivo de Donald Trump “transparencia” sobre los más de 80 fallecidos.
“Los derechos fundamentales no cesan en aguas internacionales, ni por llevar a cabo acciones contra el tráfico de estupefacientes”, aseveró Rojas en una conversación con esta agencia en Bogotá.
La representante adjunta de AI en Venezuela enfatizó que el secretismo de la Administración estadounidense restringe la aptitud de las agrupaciones para supervisar el escenario y confirmar el acatamiento de las pautas globales.
Pese a que Estados Unidos argumenta que estas intervenciones apuntan a redes de narcomenudeo, Amnistía Internacional advierte que sus consecuencias podrían alcanzar a poblaciones litorales, marineros artesanales y exiliados que emplean rutas marítimas para escapar de la zona.
La entidad, menciona Rojas, ha registrado que una porción de la diáspora venezolana reciente engloba a individuos que se mueven por trayectos marítimos no oficiales, lo que los expone a peligro en operativos sin salvaguardas de cotejo apropiadas.
“El desplazamiento en situación irregular procedente de Venezuela ya asciende a medio millón de individuos (…) y el número que nutre ese contingente es justamente el ingreso por tramos no controlados”, detalló Rojas.
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“Nuestra labor es proteger los derechos de las personas (…) que no se sigan cometiendo ajusticiamientos”, indicó Rojas, quien añadió que AI no pudo contactar a uno de los pocos supervivientes devueltos, el colombiano Jeison Obando.
Obando, de 34 años, fue retornado el 18 de octubre “con daño cerebral, bajo sedación, con sustancias y con asistencia respiratoria”, conforme notificó el titular de Gobernación, Armando Benedetti.
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