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Estados Unidos.- El fiscal militar principal del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), encargado de fiscalizar las acciones contra barcos sospechosos de involucrarse en el tráfico de drogas cerca de Venezuela, manifestó serias dudas jurídicas respecto a las incursiones letales aprobadas por el gobierno de Donald Trump, reportó el jueves NBC News.
Según dos funcionarios norteamericanos de alto nivel, dos asesores del Congreso y dos ex altos cargos, el jurista general (JAG) del Comando Sur expuso sus preocupaciones en agosto, poco antes de que iniciaran las maniobras en septiembre.
Su dictamen legal fue finalmente desestimado por superiores, incluyendo personal de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Abogados castrenses y civiles igualmente manifestaron reservas en la línea de mando, indicaron dos asesores legislativos y un exfuncionario.
El JAG alertó que los asaltos contra supuestos “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico oriental podrían configurarse como ajusticiamientos sumarios, lo cual acarrearía repercusiones legales para el personal militar implicado, señalaron las seis fuentes.
Usualmente, el criterio legal del asesor principal del comando es definitivo para validar o paralizar una acción bélica; si bien puede ser ignorado, resulta poco común proceder sin sopesar profundamente su consejo.
El vocero del Pentágono, Sean Parnell, negó rotundamente la existencia de reparos internos.
“El Ministerio de Defensa niega que juristas del Pentágono, incluidos los de SOUTHCOM, hayan manifestado reservas sobre la legalidad de las acciones. Operamos dentro del marco normativo. Nuestras intervenciones en el Caribe son lícitas según la legislación estadounidense e internacional y satisfacen plenamente el derecho de los enfrentamientos armados”, declaró.
Un portavoz del Comando Sur remitió las peticiones de información al Ministerio de Defensa, al cual la administración del presidente Donald Trump denomina Ministerio de Guerra. La Mansión Presidencial no emitió comentarios.
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