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Miami (EE.UU.), 20 nov (EFE).- El Tribunal de Alzada del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, detuvo de manera provisional este jueves la disposición de un tribunal inferior de poner en libertad a más de 600 migrantes aprehendidos durante la ‘Operación Midway Blitz’ del Ejecutivo Trump.
Estos individuos fueron retenidos sin una orden judicial, infringiendo una normativa de Illinois que limita la reclusión en penitenciarias estatales sin previa autorización o fundamento suficiente, según dictaminó el juez de primera instancia Jeffrey Cummings.
El magistrado había aprobado las liberaciones a partir de este viernes, con una caución de 1.500 dólares y alguna forma de supervisión, incluyendo monitores electrónicos, mientras se resuelven los trámites migratorios.
La mayoría de los retenidos fueron procesados inicialmente en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Broadview, al oeste de Chicago, pero desde entonces han sido trasladados a prisiones a lo largo del territorio.
En el recurso de apelación, el Gobierno estadounidense alegó que el juez incurrió en una serie de fallos jurídicos que comprometen la seguridad pública y obstaculizan la aplicación de las normativas migratorias.
“Las resoluciones del juzgado inferior imponen al gobierno cargas excesivas, onerosas e invasivas —incluyendo exigencias de formación, documentación e informes— y entorpecen la reactivación de las leyes de inmigración del país tras largos periodos de inacción”, expuso la administración.
Un día antes de su entrada en vigor, la directriz fue paralizada a la espera de una revisión y de una vista final programada para el 2 de diciembre.
La determinación del tribunal fue lamentada por el Centro Nacional de Justicia para Migrantes (NIJC) y la ACLU de Illinois, que denunciaron al gobierno ante un tribunal federal por quebrantar las disposiciones legales vigentes durante las redadas efectuadas en Chicago y sus alrededores.
“Estamos profundamente desilusionados con la decisión de hoy de aplazar la excarcelación provisional de cientos de personas que estaban bajo fianza o libertad condicional, quienes, según ha admitido el Departamento de Seguridad Nacional, fueron probablemente capturadas y retenidas sin orden judicial, sin causa justificada y transgrediendo un acuerdo judicial y la ley federal”, manifestaron en un comunicado.
“La suspensión implica que estas personas continuarán padeciendo en centros de internamiento migratorio precarios, con el riesgo de ser expulsadas sin las garantías procesales debidas”, añadieron.
No obstante, los letrados subrayan que “esto no es el final”, debido a que el Séptimo Circuito escuchará exposiciones orales en la audiencia sobre si una interrupción prolongada es procedente.
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