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WASHINGTON D.C. — Una magistrada federal ordenó el jueves al ejecutivo de Trump que cese el envío de efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la protección en la zona capitalina.
La jueza de distrito Jia Cobb determinó que la injerencia militar del presidente Donald Trump en Washington, D.C., contraviene la Constitución e interfiere de modo ilícito con la potestad de las entidades locales para dirigir las fuerzas de seguridad en el distrito. No obstante, aplazó su fallo por 21 días para dar margen a una posible apelación.
El fiscal jefe del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, interpuso una acción legal para objetar el despliegue de la Guardia Nacional. Solicitó a la jueza que impidiera a la Casa Blanca destacar efectivos de dicho cuerpo sin el consenso de la alcaldesa.
En agosto, el mandatario Donald Trump emitió un decreto ejecutivo declarando emergencia por la criminalidad en Washington. En menos de un mes, más de 2,300 miembros de la Guardia Nacional provenientes de ocho estados y del distrito patrullaban la urbe bajo el control del secretario del Ejército. Trump también movilizó a centenares de agentes federales para apoyar dichas rondas.
No es certero cuánto tiempo se extenderán estos despliegues, si bien letrados de la oficina de Schwalb señalaron que es previsible que los miembros de la Guardia Nacional permanezcan en la metrópoli hasta el verano entrante, como mínimo.
“Nuestra estructura democrática constitucional jamás será la misma si se permite que subsistan estas presencias”, manifestaron.
Los juristas que representan al gobierno alegaron que el Congreso facultó al presidente a dirigir las operaciones de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Sostuvieron que la querella de Schwalb es una táctica política frívola que amenaza con debilitar una iniciativa exitosa para mermar los índices de crímenes violentos en el distrito.
“No existe un motivo fundado para un requerimiento judicial que revierta este arreglo en este momento, especialmente considerando que las aseveraciones del Distrito carecen de sustento real”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump han motivado otros desafíos judiciales. El lunes, un tribunal federal de alzada suspendió una disposición que impedía a Trump asumir el mando de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón.
En septiembre, un juez federal dictaminó que el gobierno de Trump envió tropas de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles ilegalmente, tras varios días de manifestaciones por las redadas migratorias.
En Washington, el ejecutivo de Trump autorizó a integrantes de la Guardia Nacional a funcionar como agentes especiales del Servicio Federal de Alguaciles. La oficina de Schwalb arguyó que tropas de otras jurisdicciones están actuando ilegalmente como una fuerza policial militar federal en Washington D.C., lo que agrava las tensiones con los habitantes y desvía recursos de la policía local.
“Cada jornada que esta irrupción ilegítima se prolonga, la soberanía del Distrito para administrar la seguridad pública local según su propio criterio se ve comprometida”, indicaron los representantes legales de su oficina.
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