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Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer este jueves la paralización provisional de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) que corresponden a compañías y uniones temporales supuestamente ligadas a una red que habría falseado procesos de adquisiciones gubernamentales con prácticas fraudulentas.
La determinación se encuentra plasmada en la resolución DGCP44-2025-004600, la cual deja sin efecto por un tiempo los registros de las siguientes denominaciones sociales:
El organismo rector detalló que esta acción se fundamenta en la revisión administrativa llevada a cabo por la DGCP y la indagatoria penal dirigida por el Ministerio Público, a causa de la presunta comisión de delitos como fraude al Estado, concertación, soborno, blanqueo de capitales, falsificación documental, concierto para delinquir, entre otras faltas que merman el patrimonio estatal y los métodos de compra pública.
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La entidad aclaró que esta suspensión no se considera una penalización, sino una medida de precaución provisional para salvaguardar el interés colectivo y asegurar la pulcritud del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras avanzan las averiguaciones judiciales.
La DGCP apuntó que existe un “peligro serio e inminente” al detectar indicios de colaboración entre firmas para influir en procesos, dado que esto compromete la libre concurrencia, la transparencia y la paridad de participación.
El documento administrativo afirma que permitir que las empresas bajo escrutinio continúen activas podría generar riesgo de repetición de actos, interferencia o modificación de los trámites.
A finales de octubre, la DGCP envió a la Procuraduría General de la República un reporte técnico elaborado en conjunto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General, el cual documenta que el supuesto entramado habría influido de manera irregular en adquisiciones públicas, utilizando métodos de intimidación, coacción e incluso posibles nexos con funcionarios.
El informe revela esquemas continuos de participación conjunta, alternancia en las asignaciones y centralización de contratos en nichos específicos del mercado gubernamental.
Además, recopila testimonios de proveedores que denunciaron intimidaciones, presiones y chantajes para renunciar a adjudicaciones, lo que revela la existencia de sistemas de manipulación que distorsionan la claridad y la equidad en la contratación pública.
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