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La vicepresidenta Raquel Peña, actuando como cabeza interina del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dio a conocer ayer la finalización satisfactoria del proceso de examine de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Tribunal Superior Electoral (TSE). Un total de 81 de los 83 registrados comparecieron a las audiencias públicas.
En dicha sesión, dirigida por la vicegobernante, estuvieron presentes los restantes consejeros: los principales magistrados del Poder Judicial, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a la magistrada de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.
El CNM permanece reunido de forma ininterrumpida hasta anunciar a los elegidos para cubrir las cinco plazas vacantes en la SCJ, así como los cinco titulares del TSE y sus respectivos suplentes.
“Podemos confirmar que, hacia fines de este mes, la ciudadanía conocerá a los nuevos jueces que integrarán las altas cortes”, manifestó la magistrada y vocera del CNM, Nancy Salcedo.
Exposiciones
En esta última jornada de audiencias públicas, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fueron escuchados 20 postulantes. La sesión comenzó a las 9:23 a. m. con la intervención de Namphi Rodríguez, aspirante a la SCJ, quien afirmó que, de ser seleccionado, ejercerá sus deberes con la claridad y autonomía requeridas por el ordenamiento jurídico social y democrático.
Además, abordó las coyunturas que, a su parecer, enfrenta el ámbito legal dominicano.
“El derecho dominicano atraviesa hoy transformaciones significativas, cuyos mayores retos se centran en las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la inteligencia artificial (IA) en el campo legal. La IA tiene capacidad para elaborar documentos contractuales, sintetizar fallos, y estudiar patrones jurisprudenciales de tribunales; no obstante, consideramos que el derecho emana del ingenio humano, del razonamiento de quienes operan el sistema. Debemos progresar hacia la capacitación digital para evitar el atraso, pero sin olvidar los principios éticos y profesionales de nuestra labor”, señaló.
En relación con los retos del sistema judicial, también se refirió al cambio en el derecho dominicano, lo que implica que “un derecho históricamente basado en la ley, ahora, debido al carácter obligatorio de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), se vuelve predominantemente jurisprudencial”.
Por su parte, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet (SCJ), una jurista con tres décadas en el sistema, destacó los beneficios de la ley 340-22 sobre extinción de dominio. Esta normativa permitirá al Estado dominicano recuperar eficazmente activos de procedencia o destino ilícito sin necesidad de un proceso penal previo.
Asimismo, facilitará la reducción de las estructuras delictivas y el capital económico que estas redes amasan con sus actividades ilegales que impactan a la población.
“Es una legislación innovadora y provechosa para los involucrados. Se trata de una ley que ofrece garantías”, puntualizó.
Durante las audiencias públicas, se trataron temas vinculados al sistema fiscal. Yorlin Vásquez Castro, aspirante a la SCJ, indicó que desde 2020 presta servicios en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como subdirectora legal, enfocándose a su llegada en la rápida tramitación del Departamento de Reconsideración, despachando más de 12,000 recursos que llevaban más de 5 años en espera a nivel administrativo. Otros logros incluyen la creación de la Defensoría del Contribuyente, la Estructura Organizativa y de Personal de la Administración Tributaria, y, con colaboración del Ministerio Público, el Establecimiento de la Unidad de Persecución de Delitos Fiscales.
Elaboró e implementó las modificaciones a la Ley 46-20, la Ley 51-23 y la Ley 32-23 sobre Facturación Digital.
Mientras tanto, Juan de las Nieves Sabino Ramos, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís, disertó sobre los procedimientos de acogimiento de menores establecidos en la Ley 136-03. Reconoce que dicho proceso es lento.
A su vez, Pedro Antonio Sánchez Rivera, juez presidente de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y aspirante a la SCJ, habló sobre la dimensión humana de la administración de justicia, es decir, la sensibilidad que debe mostrar el magistrado al dictar resoluciones.
“El juez debe percibir al acusado como un ser humano, y esa condición le permite emitir fallos más equitativos. Uno de los pilares de la SCJ al referirse al acceso a la justicia es considerar a la persona en su individualidad, de modo que pueda sentirse comprendida; debe haber un intercambio continuo entre el investigado y quien lo juzga, para que no vea al juez como un mero aplicador normativo, ya que el juez no es la voz de la ley, sino la voz de la justicia”, precisó.
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