Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La utilización de la inteligencia artificial (IA) resulta cada vez más habitual para cubrir requerimientos académicos, generar contenido o ideas, y solucionar problemas cotidianos. No obstante, su potencial abre grandes posibilidades para transformar la administración pública, logrando que sea más rápida, accesible y eficaz.
El Instituto Alan Turing del Reino Unido calcula que la IA podría automatizar el 84% de las gestiones repetitivas del sector público en su nación, liberando el equivalente a 1,200 años/persona de labor anualmente. Esta cifra se extrae del informe “Gobernar con IA”, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La organización señala que, a pesar de sus posibilidades, los gobiernos están quedando rezagados frente al sector privado en la adopción de la IA, aunque ya se implementa en ámbitos como justicia, sanidad, participación ciudadana, inteligencia comercial, gestión fiscal, adquisiciones públicas, entre otros.
Al examinar la aplicación de la IA en 11 áreas fundamentales de la gestión pública a partir de 200 ejemplos reales, la OCDE descubrió que la IA se emplea con más frecuencia en la prestación de servicios públicos, la justicia y la participación cívica, siendo su presencia menos notoria en ámbitos como la evaluación de políticas, la recaudación de impuestos y la reestructuración de la función pública.
Añade que se encuentran en un punto intermedio la contratación pública, la tesorería, la lucha contra el fraude y el fomento de la honestidad pública, y el diseño e implementación regulatoria.
El estudio indica que ciertos sectores enfrentan mayores trabas normativas, como Hacienda y la tributación, debido a las regulaciones sobre el manejo de datos fiscales; sin embargo, afirma que en algunas funciones, como la administración de justicia, las peticiones ciudadanas y los crecientes retrasos en los trámites podrían acelerar la incorporación de la IA como una vía para atender urgencias.
Si bien se espera que los gobiernos agilicen su digitalización y aprovechen las innovaciones tecnológicas para ofrecer mejores servicios a la población, esto no elimina los numerosos riesgos que deben ser controlados.
Según el documento de la OCDE, los sistemas algorítmicos sesgados pueden generar resultados adversos; el mal uso de la IA podría vulnerar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales; la falta de claridad, explicabilidad y conocimiento público de la IA puede disminuir la rendición de cuentas y provocar rechazo social; y una excesiva dependencia de la IA puede ampliar las desigualdades digitales y permitir la circulación de fallos sistémicos, mermando la confianza ciudadana en el gobierno.
Señala que estos peligros pueden intensificarse en naciones sin las estructuras necesarias para asegurar el ejercicio, la protección y el impulso de los derechos humanos, o incluso derivar en un uso inapropiado por parte de funcionarios individuales.
Como dato preocupante por su posible impacto laboral, la organización sostiene que la automatización de los servicios públicos podría provocar la salida de personal de la función pública si las administraciones buscan sustituir en vez de potenciar las capacidades de sus empleados.
Aunque se reconocen las dificultades para implementar la IA gubernamental, el análisis subraya como un riesgo mayor que el sector público no la aproveche, lo que resultaría en un ensanchamiento de la diferencia entre las capacidades del ámbito público y el privado.
En la mayoría de los países miembros de la OCDE, las iniciativas de IA gubernamentales están en fase experimental; no obstante, estas pruebas han permitido vislumbrar los obstáculos pendientes, como la escasez de talentos y las dificultades para conseguir y compartir datos de calidad, los cuales se presentan en todas las funciones estatales.
Expone que, si bien las estrategias de IA en los gobiernos son habituales, la ausencia de pautas concretas dificulta su ejecución. Además, la insuficiencia de sistemas de monitoreo y valoración limita su capacidad para medir el progreso, identificar riesgos y justificar la inversión.
“Los obstáculos financieros son también un problema común.
Algunos retos son más probables en ciertas funciones que en otras. Por ejemplo, la gestión tributaria se enfrenta a legislaciones y regulaciones complejas respecto a sus procedimientos y datos fiscales, mientras que la contratación pública carece de normas bien definidas en cuanto a la IA”, destaca el informe en su resumen ejecutivo.
Un impedimento significativo que menciona la investigación es el límite impuesto por las infraestructuras antiguas y no modernizadas para el despliegue de la IA en tareas como la administración de los fondos públicos.
La OCDE, con el fin de alentar a los gobiernos a priorizar las aplicaciones de IA de gran beneficio y bajo riesgo, presenta en el documento publicado en su web algunas recomendaciones para aprovechar las ventajas de la IA y moderar sus peligros en el sector público. Propone los siguientes pilares.
Elementos facilitadores para fomentar una adopción basada en la confianza, tales como la buena gobernanza, gestión de datos, infraestructura tecnológica, dominio de habilidades digitales, recursos económicos, agilidad en los procesos de compra y posibilidad de colaborar con entidades no gubernamentales.
Mecanismos de protección para guiar el uso de la IA, incluyendo normativas y políticas, directrices y marcos, sistemas de transparencia y responsabilidad que cubran todo el ciclo de vida del sistema de IA, y comités de vigilancia y asesoramiento para dirigir y evaluar su implantación.
Participación para impulsar políticas y casos de aplicación que respondan y se centren en el usuario, incluyendo formas de interactuar con los principales interesados, como la ciudadanía, la sociedad civil y las empresas.
Agregar Comentario