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WASHINGTON (AP) — La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos comunicó el jueves su intención de recalificar ciertos reembolsos de créditos fiscales como “asistencias públicas federales”, lo cual impediría que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si cumplen con sus obligaciones de declaración y pago de impuestos y, por lo demás, serían elegibles.
Analistas fiscales sugieren que quienes fueron traídos a EE. UU. ilegalmente siendo menores por sus progenitores —conocidos como beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)— y los migrantes con protección temporal son los más propensos a verse impactados por esta propuesta. El impacto sobre empleados extranjeros, portadores de visas de estudiante, y ciertas familias con hijos nacidos en EE. UU. dependería del redactado final de la regla, según indican.
El anuncio del Tesoro representa la medida más reciente de cómo el gobierno del presidente Donald Trump aplica un enfoque de “gobierno integral” a la fiscalización de inmigración, buscando en todas las agencias federales, no solo en Seguridad Nacional, vías para apoyar la agenda migratoria del mandatario.
El Tesoro detalló en su comunicado que buscará emitir nuevas regulaciones que conciernen a las porciones reembolsables de ciertos impuestos sobre la renta personal, abarcando beneficios vinculados al empleo, la crianza de menores o el ahorro.
Esta nueva regulación redefiniría esos créditos fiscales como “asistencias públicas federales” bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo de 1996. Como consecuencia, muchos migrantes con permiso para laborar en el país ya no podrían acceder a dichos beneficios.
De acuerdo con el Instituto de Política Fiscal y Económica, los migrantes indocumentados que tributan impuestos generalmente no califican para los mismos beneficios fiscales que los ciudadanos estadounidenses, pese a que este grupo aportó cerca de 100.000 millones de dólares en gravámenes federales, estatales y locales en 2022.
A modo de ejemplo, las personas en situación irregular no tienen derecho a beneficios de retiro del Seguro Social ni a la cobertura sanitaria de Medicare, a pesar de que sus contribuciones a las nóminas financian esos programas con miles de millones de dólares.
Los opositores a la medida indican que este cambio es una táctica para hostigar a los inmigrantes dentro del marco de las políticas de Trump.
“Es una medida terrible e injusta negar compensaciones fiscales a quienes han pagado sus impuestos y son acreedores a ellas, basándose solo en su estatus migratorio”, manifestó Daniel Costa, director de Estudios de Inmigración y Políticas Legales en el Instituto de Política Económica.
“La implementación (de la regla) requerirá determinar quién está en regla y quién no, lo cual es otra forma en que la administración Trump expandirá su maquinaria de deportación”, añadió.
Se anticipa que la norma definitiva entraría en vigor para el año fiscal 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en un escrito: “Estamos aplicando la ley y previniendo que extranjeros en situación irregular se beneficien de exenciones fiscales destinadas a ciudadanos de EE. UU.”. El Tesoro solicitó al Departamento de Justicia una reconsideración normativa para fundamentar la nueva ley, según informó la agencia.
Carl Davis, director de investigación del Instituto de Política Fiscal y Económica, señaló que, puesto que quienes no tienen permiso de trabajo ya no calificarían para estos beneficios, “las personas verdaderamente afectadas serán aquellas que están intentando actuar correctamente, los individuos autorizados a laborar y que cumplen con sus impuestos”.
Davis interpreta que la Casa Blanca busca complicar la vida de los migrantes que son cumplidores fiscales.
Brandon DeBot, director de política en el Centro de Derecho Tributario de NYU, explicó en un comunicado que la reinterpretación legal por parte del Tesoro para crear una nueva regla sobre créditos fiscales “anula preceptos muy claros del código tributario”.
“Negar los créditos fiscales a núcleos familiares migrantes exige una acción legislativa explícita por parte del Congreso”, afirmó DeBot.
Davis comentó que es probable que la reglamentación carezca de un apoyo mayoritario en el Congreso, lo cual habría conducido al gobierno a actuar de manera unilateral en este aspecto.
“En términos generales, la ciudadanía estadounidense muestra simpatía por los *dreamers* y los beneficiarios de DACA. Atacarlos de esta forma indirecta no es una modificación de política que hubiera obtenido un consenso mayoritario en el Capitolio”, señaló.
Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con el apoyo de tecnología de inteligencia artificial generativa.
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