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Los Exámenes Nacionales, requeridos para obtener el título de bachiller, se implementaron como una de las propuestas del Plan Decenal de 1992, durante la dirección de la secretaria de educación Jacqueline Malagón.
Dicho Plan Decenal fue un encuentro donde participó toda la comunidad educativa, desde el personal técnico de la Secretaría de Educación hasta las Direcciones de Distritos Educativos, contando también con la contribución entusiasta y dedicada de expertos en educación y otras áreas de conocimiento.
El propósito de los Exámenes Nacionales era elevar la calidad educativa, asegurando que los egresados dominaran conocimientos fundamentales y habilidades cognitivas y actitudinales que les posibilitaran seguir estudios superiores, formándose como profesionales aptos para integrarse a la sociedad como miembros productivos y sociales. Sin embargo, ¿esto se ha materializado? Lamentablemente, cada año observamos que las metas de estas pruebas no se han alcanzado, y los bachilleres acceden al nivel superior sin las destrezas necesarias para afrontar exitosamente sus carreras y obtener un título profesional con la calidad exigida en su campo. Esta realidad genera varias dificultades para los jóvenes universitarios, como el cambio frecuente de carreras e instituciones, la deserción, la falta de interés y, en muchos casos, la obtención de títulos profesionales de bajo nivel.
Los resultados de los Exámenes Nacionales han sido deficientes desde sus inicios. Como ejemplo, durante mi periodo como secretaria de Educación, el rendimiento en matemáticas fue del 47% de lo esperado, una cifra que se ha mantenido por muchos años. A pesar de haberse realizado diversas evaluaciones e implementado ajustas para mejorar, el nivel de aprendizaje de los estudiantes ha decrecido en lugar de fortalecerse.
Un ejemplo muy claro es la investigación reciente del Dr. Radhamés Mejía, director del Centro de Investigación y Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este riguroso estudio, basado en datos reales, demostró una discrepancia significativa entre las calificaciones otorgadas por los profesores y las puntuaciones obtenidas en la primera convocatoria de Exámenes Nacionales de 2025. En una escala de 0 a 100, las notas reportadas por los docentes promedian entre 86 y 88 puntos, mientras que los resultados de los exámenes nacionales apenas alcanzan un promedio de 57 puntos.
Al analizar las diversas causas de esta problemática, me enfocaré en lo siguiente: el porcentaje asignado a la evaluación continua es del 70%, mientras que el de los Exámenes Nacionales o evaluación sumativa es del 30%.
La evaluación continua es aquella que los maestros aplican de forma constante mediante diversas metodologías: la participación en clase, la entrega de tareas y pruebas breves, entre otras. La evaluación sumativa se realiza al final del periodo mediante exámenes parciales y finales. La evaluación continua es crucial ya que permite monitorear a los alumnos y brindarles apoyo a tiempo para superar sus debilidades. Desafortunadamente, en la práctica, la mayoría de los profesores no aplican la evaluación continua con la seriedad necesaria, resultando en que el 70% asignado a los estudiantes se otorgue de manera complaciente. Esto provoca que el estudiante obtenga una alta calificación en este aspecto y una baja en las pruebas. Como consecuencia, el estudiante aprueba y consigue el título de bachiller con una formación insuficiente.
Si esta dinámica persiste, seguiremos obteniendo los mismos resultados: egresados de bachillerato con escaso conocimiento. Ahora bien, ¿qué acciones debemos tomar? Algunos proponen eliminar los Exámenes Nacionales como requisito de titulación, mientras otros sugieren reformarlos. Considero que debemos intentar mejorar, y entre las modificaciones, propongo equiparar la proporción al 50% – 50% en lugar del 70% – 30%. Esta medida debería monitorearse por dos años, y si no se observan mejoras, entonces sí eliminar los Exámenes Nacionales y desarrollar nuevas estrategias para potenciar el aprendizaje estudiantil.
El MINERD tiene la responsabilidad de abordar este desafío, ya que de lo contrario, el sistema educativo continuará proveyendo a la sociedad graduados sin las competencias necesarias para su desarrollo futuro y su plena integración social.
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