Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI, EE. UU. – La relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, exhortó este viernes a Estados Unidos a quitar las sanciones impuestas al gobierno cubano por más de seis décadas, al concluir una visita oficial a la Isla enfocada exclusivamente en el embargo y su “sobrecumplimiento”, en medio de una severa crisis económica y social para la población cubana.
“Durante más de 60 años, Estados Unidos ha mantenido un extenso esquema de restricciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba, la política de castigos unilaterales más duradera en la esfera exterior estadounidense”, manifestó Douhan en La Habana al exponer sus conclusiones preliminares. “Como consecuencia de este sistema de restricciones, varias generaciones de cubanos han vivido bajo imposiciones coercitivas unilaterales, las cuales han moldeado el entorno económico y social del país”.
La jurista bielorrusa recorrió Cuba del 11 al 21 de noviembre “para evaluar la repercusión de las sanciones unilaterales y el sobrecumplimiento en el goce de los derechos humanos en Cuba”, en el marco de sus responsabilidades como relatora especial sobre las medidas coercitivas unilaterales.
La experta anticipó que presentará un informe exhaustivo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026, pero ya solicitó la eliminación de las limitaciones de Washington, a las que atribuye “repercusiones considerables en todos los ámbitos de la vida en la Isla”.
Douhan aseguró haber escuchado testimonios que indican un endurecimiento de las sanciones desde 2018, con nuevas disposiciones sumadas a las ya existentes e “intensificadas” tras la readmisión de Cuba en el listado estadounidense de patrocinadores del terrorismo en 2021, durante la administración del presidente Donald Trump.
El comunicado de la ONU destaca que dichas restricciones, conjuntamente con el “de-risking” y la sobrefacturación de bancos y compañías de terceros países, “restringen la capacidad tanto del Gobierno como de los ciudadanos para planificar a largo plazo y están ahogando la estructura social de la comunidad cubana”.
La visita se llevó a cabo en medio de una situación que medios internacionales describen como “aguda”, caracterizada por escasez de víveres, combustible, medicamentos y agua, cortes de energía prolongados y falta de liquidez que impactan a todos los sectores de la sociedad cubana.
La definición del encargo de Douhan justifica en parte el carácter específico de su declaratoria. La propia ONU define su puesto como relatora sobre “el efecto adverso de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, es decir, un mandato dedicado concretamente a estudiar represalias como las que EE. UU. aplica a Cuba. No se trata de una revisión sobre el estado general de los derechos humanos en la nación, sino sobre un elemento puntual: las sanciones.
No obstante, Douhan hubiera podido señalar que el gobierno cubano impide el acceso a otros relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen su labor en la Isla.
Antes de su arribo a La Habana, la Oficina del Alto Comisionado anunció que la experta se reuniría con funcionarios estatales, entidades de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, el cuerpo diplomático, el sector empresarial, académicos y “otros actores no gubernamentales”, además de ofrecer rueda de prensa al finalizar la visita.
En su comparecencia en La Habana, Douhan indicó haberse entrevistado con enviados gubernamentales, diplomáticos, organismos internacionales, representantes religiosos, académicos y del ámbito privado, pero, según Reuters, “no especificó si tuvo contacto con opositores ni con prensa independiente”.
La omisión resulta particularmente relevante en un país donde la restricción contra periodistas, activistas y opositores ha sido denunciada repetidamente por entidades internacionales y ONG.
En paralelo, medios oficiales como Canal Caribe resaltaron sus encuentros con altas personalidades del régimen, incluyendo a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, y la ministra de Educación, Naima Trujillo, quienes le expusieron la perspectiva gubernamental sobre las consecuencias del embargo en ámbitos como la canasta básica subsidiada, el comercio interno, la industria alimentaria y el sistema educativo.
CubaNet examinó la documentación oficial disponible hasta el momento acerca de la gira de Douhan: el anuncio del viaje y el comunicado de conclusión de misión publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado, así como la versión difundida por agencias noticiosas que replican íntegramente dicho texto.
En esos documentos no se encuentra ninguna acusación directa contra la gestión del Gobierno cubano. La relatora se enfoca en describir los impactos de las restricciones estadounidenses y del sobrecumplimiento por parte de terceros países en la economía, el sistema financiero y los servicios esenciales, e incluye llamados dirigidos a las naciones sancionadoras y a la comunidad internacional para que retiren o alivien dichas medidas.
Tampoco hay menciones explícitas a la ausencia de reformas económicas internas, la corrupción, el control castrense de sectores clave o la represión sistemática de las libertades civiles, aspectos señalados consistentemente por organizaciones de derechos humanos y analistas independientes como causas principales de la situación actual.
Basándose en los textos oficiales divulgados por la ONU hasta ahora, no se evidencia que Douhan haya emitido reproches al régimen cubano. Tampoco hay alusiones a casos concretos de presos políticos, detenciones arbitrarias o vulneraciones de derechos civiles y políticos, a pesar de que, recientemente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que Cuba es actualmente la nación con mayor número de condenas por privación de libertad por motivos políticos e ideológicos desde 2019, con 93 casos confirmados en seis años.
La propia naturaleza del cometido de la relatora — enfocado en sanciones unilaterales — no le exige abordar todas esas cuestiones, pero el contraste dentro del ecosistema de Naciones Unidas es patente: mientras un grupo de trabajo especializado señala a Cuba como el país con más fallos por detenciones arbitrarias, la relatora que acaba de visitar la Isla solo visibiliza las secuelas del embargo sin mencionar la responsabilidad directa del Estado cubano en las infracciones a los derechos.
Diversos estudios académicos y de centros de investigación — sin vínculos con el Gobierno cubano ni con Washington — coinciden en que la dificultad que enfrenta la Isla no se explica únicamente por el embargo ni solo por la administración interna, sino por la concurrencia de ambos factores, exacerbados por la pandemia del COVID-19 y el declive del turismo.
Sin embargo, la preponderancia que Douhan da a las sanciones, sin equilibrar su discurso con una valoración clara de la responsabilidad estatal en la represión y el fracaso económico, refuerza el discurso oficial del régimen, que postula que el “bloqueo” externo es el culpable casi exclusivo del colapso presente.
Agregar Comentario