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EE. UU. plantea endurecer las normas para los extranjeros que reciben sustento del Estado: ¿qué se entiende por “dependencia económica”?
Tras la iniciativa planteada por la administración del presidente Donald Trump, que busca ampliar las bases para rechazar la residencia a inmigrantes legales que acceden a prestaciones gubernamentales, los ciudadanos foráneos se sienten inquietos y se cuestionan si deberían declinar la asistencia que ofrece el gobierno para no ser catalogados como carga pública. La respuesta es a continuación.
Cabe señalar que, conforme al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una carga pública es aquel individuo que depende primordialmente del gobierno para su sostenimiento; o sea, no puede mantenerse por sí mismo, por lo que percibe apoyos oficiales.
Considerando que las agencias migratorias aplican el examen de dependencia económica principalmente a aquellos que intentan entrar a EE. UU., modificar su estatus migratorio o pedir la residencia permanente, con la medida anunciada se busca investigar si este grupo de individuos utiliza ciertos beneficios sociales como pagos directos, vales para alimentación (SNAP/CalFresh) y subsidios habitacionales, los cuales podrían influir en la resolución y motivar que se les niegue la obtención de la Green Card, una visa o el cambio de estatus.
Frente a esta coyuntura, muchos ya consideran dejar estos auxilios; no obstante, algunos expertos aconsejan que no lo hagan, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) todavía no define su proceder respecto al reglamento: si lo promulga, lo anula en su versión actual, lo modifica o lo desecha.
Kathia Quirós, jurista de inmigración de Telemundo, sugiere mantener la calma para tomar una determinación solo cuando la propuesta se concrete: “Lo correcto es priorizar a los nuestros; por ello, debemos esperar hasta saber exactamente qué pasos tomará el gobierno, lo cual anticipamos no será favorable”.
Por su lado, Adriana Cadena, de la Coalición para Proteger Familias Migrantes, indicó que “la figura de carga pública no aplica para ellos, y esto es fundamental aclararlo debido a la confusión entre quienes están en proceso de obtener la ciudadanía”.
Adicionalmente, no serán miradas bajo el prisma de carga pública las personas que ingresaron a EE. UU. como refugiados o con permiso humanitario provisional (parole). Tampoco aquellos que no buscan la ciudadanía.
De aprobarse la “Causa de Inadmisibilidad por Carga Económica”, los beneficios estatales que se examinarían para determinar si alguien es inaceptable para el ajuste de estatus (es decir, la obtención de la Green Card) son los siguientes: “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”
Otros subsidios como Medicaid, cupones SNAP, WIC, apoyos para vivienda, ayuda escolar y atención médica de urgencia por lo general NO se tienen en cuenta para denegar la residencia bajo la norma vigente, pero se incluirían si la nueva disposición extiende su alcance, señala Univision.
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