La Fiscalía sostuvo este viernes que los letrados encargados de la defensa continúan postergando la vista preliminar en el caso por desfalco administrativo que se sigue contra los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros implicados, señalados de perjudicar al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos provenientes de los contribuyentes.
Según la imputación que surge de la Operación Calamar, los procesados formaban parte de un esquema que desvió dicha suma cuantiosa mediante pagos irregulares por la compra forzosa de terrenos declarados de utilidad pública, además de sobornos utilizados para costear la campaña electoral del 2020.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional reestructuró por cuarta ocasión el cronograma previsto para la exposición de los argumentos de la defensa de los implicados en la red de corrupción administrativa.
Durante la sesión de este viernes, la representación legal de Daniel Alberto Guerrero Mena presentó un justificante médico que le concede reposo por 72 horas a un integrante de su equipo legal.
En ese orden, el fiscal Miguel Crucey comentó que la jueza Altagracia Ramírez les hizo una observación a estos defensores, “debido a la evidente intención de ralentizar el procedimiento, puesto que en cuatro ocasiones se les ha modificado el orden de su participación”. Agregó que, a solicitud del mismo acusado, se ha cambiado el orden cuatro veces.
Crucey manifestó que hoy empezaron la exposición de sus descargos, “pero la interrumpieron alegando que el señor (abogado) no se encontraba bien”.
A raíz de este suceso, la jueza Ramírez determinó que en la audiencia del próximo jueves 27 corresponderá al exministro de Obras Públicas exponer sus alegatos. El señor Guerrero Mena será el último en intervenir.
De igual forma, el tribunal desestimó la solicitud de restitución de un automóvil, presentada por la defensa de Marcial Reyes, por haberse presentado extemporáneamente.
“Sobre la petición, la magistrada calificó de tergiversación la solicitud del cuerpo de defensa del imputado Marcial Reyes”, afirmó Crucey.
El Ministerio Público acusa a Marcial Reyes de ser cómplice del entramado corrupto para defraudar al fisco dominicano. Reclamaba el pago de una parte de los terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando representar a personas ya fallecidas, mediante la falsificación y utilización de documentos espurios.
El procurador fiscal Miguel Crucey indicó que la defensa pidió la devolución de un vehículo, pero falseó el carácter de una resolución de peticiones, al presentarla fuera del plazo límite.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario