“Me encuentro en muy buenas condiciones, ya no deberé abonar 2,000 pesos por un camarote y estoy más relajado, pues aquí no necesito estar tan (alerta) como en La Victoria. El entramado de corrupción allá era muy arraigado”, comentó uno de los internos al dialogar con este medio.
A partir del pasado miércoles, el nuevo penal Las Parras opera tras acoger a más de 300 reclusos que anteriormente estaban confinados en el centro La Victoria.
Con esta nueva infraestructura edificada en Guerra, un poblado de la provincia Santo Domingo, las autoridades buscan añadir una cárcel donde se aplique la doctrina del “nuevo modelo penitenciario”.
De esta forma, “se erradicarían” situaciones como la frecuente colusión existente entre los uniformados de la Policía Nacional y los presos, las cuales se observaban en el plantel de La Victoria y otras prisiones antiguas.
Asimismo, “se dificultaría” la aparición de escenarios en los que hombres y mujeres sentenciados por fechorías incurren en volver a delinquir, continuando sus actividades ilícitas desde dentro de las instalaciones correccionales, superando todos los métodos de vigilancia de las instituciones policiales.
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, manifestó estar convencido de que Las Parras no se convertirá en “un sitio de esparcimiento” donde los infractores encarcelados dominen a los miembros del cuerpo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciarios (VTP).
“Todo lo contrario”, según detalló Santana, este recinto brindará la posibilidad a los reclusos de aprovechar ese tiempo tras las rejas para capacitarse por medio de programas formativos y laborar ofreciendo diversos servicios.
“Aquí no ostentan el poder los criminales, ni los reclusos, el poder reside en el Estado”, aseveró el funcionario al formalizar ayer el inicio de las actividades en un acto realizado en el complejo.
Ubicados al otro lado de los barrotes que cierran las celdas, redactores de este medio pudieron dialogar directamente con varios encarcelados para conocer su percepción sobre el nuevo lugar que será su morada hasta cumplir su pena.
“Me siento excelentemente, ya no tendré que desembolsar 2,000 pesos por un colchón y estoy sereno ya que acá no debo mantenerme (en guardia) como en La Victoria. El esquema de corrupción anterior era muy potente”, refirió uno de los privados de libertad.
Si bien durante el recorrido guiado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla; y el director de la DGSPC, Santana, los periodistas observaron libremente los espacios ocupados por los presos, durante los intercambios verbales con ellos siempre estuvieron monitoreados por los oficiales VTP.
“Tenía buen comportamiento y por eso me dieron la opción de trasladarme, esto es un apoyo para mi superación. Yo compartía dormitorio con hasta 8 individuos en un reducto muy reducido, agobiante. Los responsables nos están tratando adecuadamente, la alimentación es buena, todo está en orden gracias a Dios”, comentó este sentenciado por hurto e intento de asesinato, crimen por el cual recibió una pena de 10 años, de los cuales ya cumplió seis.
La disposición en las habitaciones es sencilla: un área amplia con hasta tres literas, espumas, una ventana con verjas y, algo que los reos valoran, un área sanitaria con una puerta deslizable.
“Ya no necesitamos vernos al usar el sanitario, el hedor persiste, pero al menos podemos usar el inodoro con más privacidad”, expuso un interno.
Mientras nos enseñaba una estancia equipada con largas mesas metálicas, Santana explicó que la actividad financiera dentro del nuevo penal se manejaría mediante vales de adquisición y no con dinero en efectivo, a diferencia de La Victoria, donde los familiares deben visitar frecuentemente a sus parientes para entregarles numerario.
Según sus declaraciones, los procesados obtienen estos comprobantes mediante el trabajo: “Pueden desempeñar tareas de informática, mecánica, sector agroindustrial, carpintería, plomería”, además, señaló que pueden involucrarse en el ámbito de las zonas francas, dado que mantienen nexos con algunas corporaciones nacionales e internacionales.
Tras entregar de forma obligatoria un porcentaje de sus ingresos al Estado y a su familia, los administradores del penal transforman el dinero en un papel simbólico con el que pueden dirigirse “al pequeño comercio”, como llaman los reclusos, donde tienen el derecho de adquirir cualquier producto.
En las estanterías de ese expendio, abastecido por dependencias gubernamentales, se encuentran pastas dentales, bebidas azucaradas, gran variedad de chocolates y otros víveres vistos con normalidad en cualquier establecimiento comercial del país.
El precio de una botella de agua fluctúa entre RD$10 y RD$20, dependiendo de la marca comercial. Sin embargo, esto es adicional a la ración alimentaria que recibirán diariamente hasta su liberación.
Mientras el reloj indicaba aproximadas las 12:30 del mediodía, un grupo de presos entraba a la sala antes mencionada donde les esperaba una ración servida en un recipiente de plástico, compuesta por una porción de arroz, legumbres y carne. El utensilio destinado a consumir el alimento era una cuchara metálica.
Además de las “facilidades que disfrutan en las celdas”, los sentenciados tendrán acceso a áreas deportivas, un campo de softball, recintos religiosos, talleres de confección, salas para recibir a sus hijos y cónyuge, una biblioteca y aulas.
Precisamente, una de estas salas dispone de varios equipos informáticos modernos que los delincuentes usarán para recibir instrucción académica en formato remoto.
“No seremos obsoletos en términos digitales”, afirmó el director de prisiones al mostrar los equipos tecnológicos.
Otro método que aplicará la Dirección de Prisiones en el complejo Las Parras para prevenir la gestación de actos punibles organizados desde los recintos correccionales es la veda de aparatos móviles. “Ni los funcionarios VTP, ni los presos podrán ingresar con teléfonos”, declaró Santana.
Detalló que, por ahora, el personal de seguridad, igual que los reclusos, disponen de unos 15 aparatos tecnológicos supervisados por la DGSPC para comunicarse con sus allegados. No obstante, aclaró que eventualmente serán sustituidos por teléfonos públicos, anulando la posibilidad de navegar por sitios web y redes sociales.
Según los detalles aportados por los encargados del centro de vigilancia, los prisioneros están bajo la observación de cerca de 480 cámaras que rastrean sus movimientos.
Este sistema incluye una funcionalidad que asegura la identificación biométrica de cada uno de los confinados.
El titular del MIVED, Carlos Bonilla, indicó que la segunda y tercera fase de Las Parras será entregada hacia fines del próximo año. La Dirección de Prisiones planea reubicar un total de 8,500 reclusos, principalmente desde La Victoria, disminuyendo así la saturación de espacios. Con la finalización de la primera etapa, alrededor de 2,400 personas privadas de libertad podrán ser alojadas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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