WASHINGTON (AP) — Diversos congresistas demócratas están poniendo en tela de juicio la legitimidad de un esquema de inteligencia predictiva de la Patrulla Fronteriza que selecciona y detiene a conductores por trayectos considerados sospechosos dentro de EE. UU.
El senador por Massachusetts, Ed Markey, dirigió el lunes un pliego a la entidad matriz de la Patrulla Fronteriza, tachando el plan de lectores de matrículas como una “telaraña de monitoreo intrusiva” que “supone un grave riesgo para la salvaguarda de la intimidad y las libertades cívicas de los ciudadanos” y sugirió que dicho programa podría infringir la Constitución.
“Un escrutinio tan generalizado — comparable a las prácticas de vigilancia adoptadas por regímenes autoritarios como el de China — no solo atenta contra el derecho a la libre expresión y reunión legales, sino que también despierta serias inquietudes constitucionales”, manifestó Markey en la misiva, exigiendo a la agencia informes precisos sobre los lectores de matrículas y su utilización. “Sin claridad, rendición de cuentas ni límites bien definidos, estas acciones socavan derechos fundamentales de la persona y establecen un precedente peligroso para un poder gubernamental sin contrapesos”.
Una indagatoria de The Associated Press divulgada la semana pasada desveló que la Patrulla Fronteriza (USBP), parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), implementa un mecanismo de inteligencia predictiva que supervisa a millones de automovilistas a lo largo de la nación con el fin de identificar y retener a quienes tienen patrones de desplazamiento que el sistema juzga sospechosos. En ciertos casos, la Patrulla Fronteriza disimula sus lectores de placas dentro de artefactos de tráfico comunes. La agencia, además, accede a datos de matrículas capturados por otras corporaciones policiales federales, estatales y locales, así como por empresas privadas.
Este esquema, vigente bajo diferentes administraciones, ha derivado en la detención, revisión e incluso el apresamiento de individuos. Una matriz de cámaras registra y guarda la información de las placas vehiculares, y un sistema algorítmico señala aquellos rodados calificados como dudosos basándose en su origen, destino y la ruta empleada. Los agentes federales, por su parte, ocasionalmente remiten a los conductores juzgados sospechosos a las autoridades locales, las cuales inician una detención vial alegando exceso de velocidad o infracciones por cambio de carril.
Los tribunales habitualmente han respaldado la recolección de información de matrículas en vías públicas, aunque han acortado la potestad gubernamental para acceder, sin una orden judicial previa, a otros tipos de datos de rastreo continuos que podrían revelar detalles sensibles sobre los movimientos de una persona, como los localizadores GPS o la información de ubicación de móviles. Una crítica en aumento de expertos y defensores de derechos civiles subraya que sistemas de acopio masivo como los lectores de matrículas podrían ser contrarios a la Cuarta Enmienda, que resguarda a los ciudadanos de cateos injustificados.
“Cada vez con mayor frecuencia, las cortes han reconocido que el uso de tecnologías de vigilancia puede vulnerar las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones improcedentes. Si bien este campo legal está en desarrollo, la utilización de lectores de matrículas y cálculos algorítmicos para seguir y marcar los desplazamientos de individuos encarna el tipo de vigilancia general que debería suscitar inquietudes constitucionales”, puntualizó Markey.
La CBP no ha emitido comentarios al respecto, pero previamente indicó que la agencia usa los lectores de matrículas para ayudar a detectar amenazas y desmantelar grupos delictivos, y que el manejo de la tecnología está “regido por un estricto marco normativo de varias capas, sumado a la legislación federal y las salvaguardas constitucionales, para asegurar que la tecnología se emplee con responsabilidad y para fines de seguridad inequívocamente definidos”.
Otros legisladores hicieron eco de las inquietudes de Markey sobre la legalidad del plan.
Dan Goldman, congresista neoyorquino y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, escribió en la plataforma X el sábado que si la CBP “está trazando en secreto los itinerarios de millones de estadounidenses y deteniendo personas basándose en un algoritmo, y no en mandatos judiciales o evidencia concreta, ¿cómo armoniza esto con la Cuarta Enmienda?”.
“Moverse en coche no constituye causa suficiente”, añadió Goldman. “El Congreso requiere total transparencia sobre este programa de inmediato”.
El senador por Virginia, Mark Warner, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, también expresó poseer dudas de índole constitucional.
“Mientras los ciudadanos de todo el país inician sus viajes vacacionales, no deberían intranquilizarse de que sus recorridos puedan convertirlos en blancos de las fuerzas policiales o exponerlos a interrogatorios injustificados sobre sus andanzas, actividades y relaciones”, señaló Warner en un comunicado.
Tau reportó desde Washington y Burke desde San Francisco.
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Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con apoyo de un instrumento de inteligencia artificial generativa.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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