El exmandatario peruano de izquierda Pedro Castillo (2021-2022) fue sentenciado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que llevó a cabo el juicio contra Castillo determinó que el exgobernante no consumó el crimen de rebelión al no materializarse sus propósitos sediciosos, razón por la cual la Fiscalía modificó durante el debate oral la petición de pena contra el exjefe de Estado, pasando de 34 años de cárcel a la finalmente impuesta por el tribunal.
El día en que ocurrieron los sucesos, Castillo ofreció un discurso a la nación en el que ordenó clausurar temporalmente el Congreso (Parlamento), tomar control del Poder Judicial y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente propuesta en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al surgir evidencias de supuesta corrupción que lo implicaban directamente.
No obstante, su anuncio no tuvo efecto y a los pocos minutos fue capturado cuando ya había abandonado la Casa de Gobierno en Lima y se dirigía, al parecer, a la Misión Diplomática de México, donde sus familiares sí lograron llegar y obtener asilo, mientras que Castillo fue separado del cargo por el Congreso horas después y remitido al penal donde permanece recluido hasta el presente.
La sala absolvió a Castillo de los cargos de abuso de poder y grave alteración del orden público, pero le aplicó una prohibición para desempeñar funciones públicas por dos años, además de la obligación de pagar una compensación de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) de manera conjunta con sus codemandados.
A partir de esta resolución, el exmandatario deberá seguir en Barbadillo, conocido penal para expresidentes en Perú, hasta abril de 2034.
Atentado al orden constitucional
Para los juzgadores, el expresidente y sus colaboradores fraguaron un plan para vulnerar los poderes del Estado y el sistema democrático, y que, al momento de su captura, a pesar de no haber sido aún oficialmente separado del cargo por el Congreso, ya era un presidente “de facto” tras su comunicado.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión fue impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente bajo resguardo en la residencia de la Embajada de México en Lima, y respecto a quien el tribunal ordenó un nuevo requerimiento de búsqueda y detención; y al exministro del Interior Willy Huerta.
Sin embargo, la condena contra Huerta, quien según testimonios emitió directivas para ejecutar las disposiciones inconstitucionales anunciadas por Castillo, se postergará hasta la segunda instancia si presenta apelación y acata ciertas pautas de conducta.
Entretanto, el ex primer ministro y asesor principal de Castillo al momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una sanción de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal no hizo efectiva por motivos de salud debido a su avanzada edad (82 años).
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron declarados no culpables de los cargos.
Castillo quería ser senador
Los magistrados encontraron probado que Castillo, Chávez y Torres redactaron el mensaje la noche anterior en la Casa de Gobierno y que estaban al tanto de lo que sucedería al día siguiente cuando convocaron al resto de ministros a la sede presidencial y a un equipo del canal estatal TV Perú para la retransmisión, ocultándoles el verdadero propósito de la reunión.
El tribunal emitió este fallo pocos días antes de que expiraran los tres años de prisión preventiva dictados contra Castillo cuando fue arrestado ese mismo día, por lo que debía recuperar la libertad si la decisión no era anunciada antes.
En las semanas previas a la sentencia, Castillo manifestó su interés en postularse como candidato a senador por la formación Juntos por el Perú (JP), del exministro Roberto Sánchez, cuyos simpatizantes se congregaron a las afueras del recinto policial que alberga la prisión de Barbadillo para manifestarse en contra del dictamen y exigir la liberación del expresidente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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