Este acuerdo al que el mandatario Abinader se refirió el miércoles antepasado, fue rubricado en 1995 por Joaquín Balaguer y extendido hace 22 años por Hipólito Mejía.
Tras la reciente visita a República Dominicana del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el gobierno dominicano refuerza la colaboración contra el narcotráfico en la zona con el gigante norteamericano. Pero este vínculo entre ambas naciones tiene un precedente: el Convenio de Interdicción Marítima y Aérea de 1995.
Este texto al que el presidente Luis Abinader se refirió el miércoles anterior, fue firmado en 1995 por el difunto presidente Joaquín Balaguer y ampliado hace 22 años por el expresidente Hipólito Mejía.
De acuerdo con el jefe de Estado dominicano, el nuevo pacto posibilitará que las aeronaves estadounidenses reposten combustible y transporten equipo y personal técnico, aunque esto ya estaba permitido en aeropuertos internacionales dominicanos desde mayo de 2003.
En la ampliación del convenio, firmada en Washington por el entonces presidente Hipólito Mejía, se estipula que: “El Gobierno de la República Dominicana podrá consentir, previo aviso a los funcionarios pertinentes, y en coordinación con estos, en las ocasiones y por el tiempo necesario, la debida ejecución de las acciones requeridas según este Acuerdo: (…) el aterrizaje y la estancia transitoria de aeronaves del orden de los Estados Unidos en aeropuertos internacionales con fines de recarga de combustible y avituallamiento, asistencia sanitaria, ajustes menores, información meteorológica, y otros menesteres logísticos y similares”.
Sin embargo, el protocolo también buscaba potenciar la colaboración entre ambos países para erradicar la actividad ilícita por mar y aire, “considerando la firme y constante dedicación de ambos gobiernos a entablar una ofensiva tenaz contra el narcotráfico”.
Pautas para las aeronaves estadounidenses que sobrevuelan territorio dominicano, métodos de aviso de vuelos y jurisdicción en áreas colindantes son parte de las modificaciones incluidas en el documento.
Una de ellas estipula que el Gobierno de la República Dominicana autorizará a las aeronaves del Gobierno de los Estados Unidos de América a cruzar su territorio y sus aguas cuando participen en operativos de las fuerzas del orden.
Asimismo, permitirá transmitir las directivas de sus instancias competentes a la aeronave sospechosa para que aterrice en suelo dominicano; no obstante, esto debe ser “cumpliendo con su legislación y normativas de vuelo y maniobras de la aeronave”.
Adicionalmente, Estados Unidos informaría de antemano sobre dichos sobrevuelos. En el caso de operaciones imprevistas, que pudieran implicar la persecución de naves sospechosas y requerir la incursión en el espacio aéreo, las agencias de seguridad y las autoridades aeronáuticas de ambos países podrán intercambiar información sobre las vías de comunicación pertinentes u otros datos relevantes para la seguridad de los vuelos.
Sobre este último punto, el texto subraya que toda aeronave involucrada en estas acciones acatará las regulaciones de tránsito aéreo y seguridad de vuelos que puedan exigir los organismos aeronáuticos dominicanos. Tampoco pondrán en riesgo la vida de los ocupantes, ni la seguridad de las naves civiles, mientras efectúan labores de intercepción aérea.
El protocolo enfatiza además el respeto a las leyes nacionales y al derecho internacional en cuanto al uso de la fuerza, asegurando la protección civil durante las interceptaciones aéreas.
Una de estas estipulaciones es que cualquier fuerza empleada se ajustará a las normativas de ambos gobiernos y será, en todo caso, “la mínima fuerza razonablemente requerida por las circunstancias”. Esto no se aplicará contra aeronaves civiles en vuelo, como, por ejemplo, aviones de líneas comerciales, y se reafirma en secciones posteriores: “al llevar a cabo labores de intercepción aérea conforme a este acuerdo, las partes no pondrán en peligro la vida de los a bordo ni la seguridad de la aeronave civil”.
Por otra parte, los abordajes y revisiones según el convenio deben ser ejecutados por personal uniformado de los barcos y las aeronaves de ambos gobiernos, quienes deben estar debidamente capacitados en la legislación y reglamentos de ambas partes. Estos miembros también deben estar claramente identificados como servidores del gobierno, y de las naves de otras naciones.
Previa notificación y acuerdo, el gobierno dominicano puede autorizar el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves de las fuerzas del orden de los Estados Unidos en aeropuertos internacionales para repostar combustible y provisiones, recibir ayuda médica, reparaciones menores, obtener datos meteorológicos, y otros propósitos logísticos y afines.
También se permitirá el descenso y ascenso de oficiales de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, incluyendo personal adicional, en aeronaves de dichas fuerzas. Asimismo, la escolta de individuos, que no sean ciudadanos dominicanos, desde embarcaciones sospechosas custodiadas por agentes del orden de los Estados Unidos a través del territorio dominicano y su salida del mismo.
Se autorizará el desembarco y embarque, así como la salida de aeronaves de las fuerzas del orden estadounidenses desde territorio dominicano con personas, incluyendo migrantes, que no sean nacionales dominicanos, procedentes de naves bajo sospecha, también será permitido.
En el contexto marítimo, se especifica que “la denominación ’embarcaciones’ abarca los buques de otros países claramente señalizados e identificables como naves al servicio del gobierno”.
Al igual que con las aeronaves, el gobierno dominicano puede permitir, previa comunicación, el atraque transitorio de embarcaciones estadounidenses de las fuerzas del orden en puertos nacionales para abastecimiento de combustible e insumos, asistencia médica, arreglos menores, información meteorológica y otras necesidades logísticas y relacionadas.
Igualmente, podrá conceder la entrada de más funcionarios de las fuerzas del orden de los Estados Unidos y la entrada de naves sospechosas que no porten pabellón de ninguna de las partes, escoltadas desde mar abierto por agentes de las fuerzas del orden estadounidenses, fuera del mar territorial de cualquiera de las partes.
En junio de este año, el canciller Roberto Álvarez y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, refrendaron el Memorando de Entendimiento para el Conocimiento de los Espacios Aéreos, Marítimos y Terrestres.
Este instrumento podría ser el precedente más reciente a la cita del miércoles pasado, coincidiendo con un entorno agitado debido a las tensiones entre la administración de Donald Trump y Venezuela.
El acuerdo contempla, según informes de la Presidencia dominicana, el intercambio de información de seguridad entre ambos gobiernos y otros aliados regionales a través del Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII), una plataforma compartida de radares y sensores para coordinar acciones conjuntas, tanto para seguridad como para auxilio tras desastres.
Apoyar la colaboración en defensa, la combate a los delitos transnacionales y la asistencia humanitaria, así como cooperar durante operativos de búsqueda y rescate, auxilio en eventos naturales, o seguridad marítima y aérea, son algunos de los objetivos del memorando.
En este nuevo pacto, que no conlleva una actualización ni reforma del convenio de 1995, se autorizó además el uso temporal de áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones de apoyo logístico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
El mandatario dominicano indicó que su alcance es “técnico, limitado y por tiempo definido”, y que todas las intervenciones deberán ser avaladas y supervisadas por las autoridades dominicanas.
Abinader añadió que “el propósito es claro: reforzar el cinturón de vigilancia aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un apoyo crucial para impedir el ingreso de narcóticos y golpear con más fuerza al crimen organizado transnacional”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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