Por: Valentín Medrano Peña.
José Fernando Pérez Vólquez es uno de mis abogados favoritos, bien formando y respetuoso, y sin dudas uno de los mejores seres humanos que haya tenido oportunidad de conocer. Su desprendimiento y solidaridad las cantan cientos de sus colegas y clientes probonos que han sido amparados por este extraordinario ciudadano.
Yo soy uno de ellos. Años antes de que se decidiera a postularse con éxito al Colegio de Abogados de la República Dominicana, tuve un acontecimiento familiar que mantuvo compungida a nuestra familia, un hermano a quien apenas conocía, fue sometido a la justicia penal en Pedernales, y por ser la patria chica de quien fuera mi profesor universitario, el Dr. Pérez Vólquez, acudí a él para preguntar acerca del procedimiento en su ciudad natal, movido por la siempre disponibilidad demostrada por este y por aquello de que cada región tiene su propio código.
Él, no solo me indicó todo cuanto podría contribuir con mi defensa, sino que se sumó voluntariamente a nuestras procuras, disponiendo de su vehículo y aportando los viáticos y el alojamiento en su casa paterna. Para mí, que apenas iniciaba en el ejercicio del derecho, fue una ayuda inconmensurable y necesitada. Todo resultó bien, y de aquellos viajes hoy me asalta a la mente una cita acostumbrada del profesor Pérez Vólquez quien suele referirse a Paul Newman, célebre actor norteamericano, quien en una de sus interpretaciones decía apesadumbrado: -“Ya no hay justicia”.
La frase de Newman en boca de Vólquez es la realidad más angustiosa de nuestros días, ya no hay justicia.
En días pasados circuló un vídeo de uno de los mejores y más responsables diputados de nuestra nación, el Dr. Amado Díaz Jiménez de Santo Domingo Este, quien acusaba, con toda razón, a los jueces penales de la Provincia Santo Domingo de sicarios judiciales. Nada más real y nauseabundo, y para muestra un botón:
En días pasados fui testigo de uno de los espectáculos más denigrantes, nocivos y arbitrarios, ya había oído hablar de procederes similares, pero aún me resistía a creer que ocurriera.
El Ministerio Público de Santo Domingo Este; dueño de la acción pública, quien investiga, quien califica los procesos, quien conoce del tipo y nivel de participación y vinculación de los implicados, y en función de ello acusa, funciones estas que les están vedadas a los jueces por el artículo 22 de la norma procesal penal, que separa las funciones de los funcionarios judiciales y convierte a los jueces en “terceros imparciales”, similar obligación dispone nuestra Constitución; acordó esta fiscalía con unos imputados extranjeros sobre la culpabilidad y la pena, solicitaba una pena de ocho años, declaratoria de culpabilidad y la suspensión de tres años sujetos a condiciones.
Un simple acuerdo, solución que ha hecho grande a la justicia norteamericana, venido de quien conoce fortalezas y debilidades e investiga el proceso, presentado a quienes están llamados a velar por la justicia y de quienes se supone no saben nada de lo que se trata.
El Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo, que entendía que las condiciones acordadas por el Ministerio Público, dueño de la acción penal, eran muy favorables, muy veniales, para los imputados, prefirió inhibirse del proceso para no homologar el susodicho acuerdo, ya antes habían obligado a reformular un acuerdo pactado por ocho años obligando a las partes a aumentar el monto de la pena a diez años, algo inaudito.
Así funcionan nuestros tribunales penales de Santo Domingo, buscan condenas, y no cualquier condena, aquella que les den las estadísticas suficientes como para culminar un año calendario con más años impuestos que todos los vividos por las naciones americanas desde el descubrimiento.
¿Acaso creen que eso es justicia? ¿Acaso no saben que con ese accionar se igualan a sus juzgados culpables?, pues es este un acto de prevaricación y violación a principios rectores de nuestra Constitución, entre ellos el de favorabilidad inserto también en el artículo 25 del Código Procesal Penal, y que al interpretar la norma de la forma en que lo hacen les convierten en delincuentes que irrespetan el derecho.
Su acción por igual es un irrespeto a la labor del Ministerio Público y procura lanzar un baldón injusto e innecesario sobre el mismo, planteando dudas sobre las razones que le mueven a acordar, queriendo superponerse en un plano de superioridad moral que no es tal, sino contrario.
Los jueces de esos colegiados, convictos de sicariato judicial, irresponsables y arbitrarios, parciales, absolutamente parciales, denotan el poco compromiso que tienen con la justicia.
Desde antes del inicio de nuestra vida republicana, el código penal francés, luego aplatanado (Artículo 463), ha contenido una disposición que permite ir por debajo del mínimo de las penas establecidas para favorecer a los imputados, y a más de 170 años de nuestra independencia, los jueces de la Provincia Santo Domingo violentan flagrantemente todo lo que tienda a hacer una justicia negociada y favorecer a los imputados y al sistema en términos de celeridad y economía procesal.
Hablar de justicia penal no es popular, pues se piensa que es pedir justicia para los criminales, cuando en la realidad es pedir justicia para los que no siéndolo se ven en el infortunio de ser sometidos en un procedimiento penal, sobre todo si se es pobre.
La realidad es que los llamados a ser muro de contención de los embates de poder punitivo, en Santo Domingo, se constituyen en puerta abierta a la injusticia y el abuso. Por lo que se obliga a la pregunta ¿Alguien le pondrá coto a esta in-justicia a la que hay que temer? Y coincidir finalmente con Paul Newman y Pérez Vólquez en la realidad de que “Ya no hay justicia” en el mundo de estos sicarios judiciales.
