Las cacerolas y bocinas que sonaron en la noche del martes en algunas partes de Colombia no eran todas para celebrar la orden de prisión preventiva para Álvaro Uribe.
Algunas, como las que se oyeron en una larga fila de automóviles en Bogotá, eran para mostrar apoyo hacia el expresidente después de la histórica decisión de la Corte Suprema de privar de la libertad a un mandatario por primera vez en 60 años, publicó BBC Mundo.
A diferencia de otros países de América Latina, en Colombia ningún presidente elegido democráticamente ha pasado por la cárcel, pese a que las acusaciones por corrupción, vínculos con el narcotráfico y violación de derechos humanos han sido una constante.
El único que estuvo tras las rejas fue un militar que lideró un gobierno de facto durante cinco años en la década del 50: el general Gustavo Rojas Pinilla.
Pero que ninguno haya estado preso no quiere decir que los políticos en este país no cometieran delitos, sino que durante décadas el conflicto entre el Estado y las guerrillas determinó todos los desarrollos judiciales y políticos en el país.
«Durante muchos años imperó un ‘canapé republicano’ en el que se resolvía todo privadamente entre los partidos, hasta que el proceso de paz con la guerrilla rompió esa unidad entre las élites», dice León Valencia, analista crítico del uribismo.
Rafael Nieto, abogado y simpatizante de Uribe, añade: «Desde que (Juan Manuel) Santos dividió al país entre amigos y enemigos del proceso de paz, hubo una fractura en el país y hoy hay una parte de la política (el uribismo) que no encuentra garantías para ejercer y para que las decisiones de los tribunales se tomen en derecho».
Por eso, incluso si el exmandatario es declarado inocente en un caso que tomará años en resolverse, la decisión de la Corte el martes es extraordinaria: porque muestra que, para bien o para mal, incluso si Uribe es finalmente declarado inocente, hasta el político más poderoso de la historia reciente está sujeto al escrutinio judicial.
Por qué es tan importante
A finales de los años 90, Álvaro Uribe, por entonces en sus 40, surgió como una solución a todos los vicios de la política colombiana.
El fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC fortaleció a la guerrilla y aumentó tanto el escepticismo hacia el diálogo como la voluntad de mano dura.
Y Uribe, que además hizo campaña fuera de los partidos tradicionales, fue la carta ganadora para esa coyuntura: arrasó en las elecciones en primera vuelta, en 2002, y dio inicio una política de «seguridad democrática» apoyada por Estados Unido en medio de la «guerra contra el terrorismo».
Además, combinó la bonanza de los precios de las materias primas, que benefició a toda América Latina, con un estilo directo y cercano a la gente. Y consolidó una alianza que hoy se mantiene con poderosos grupos empresariales, mediáticos y militares.
El martes, la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente por «riesgos de obstrucción a la justicia»,
Uribe está acusado de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria de 2014 en la que el senador izquierdista Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente, Santiago Uribe, de ser partícipe de la creación de movimientos antisubversivos en los años 90.
