EFE – Las denuncias por delitos sexuales contra menores en Panamá han registrado este año un aumento “significativo” y “lamentable”, empujado por los efectos colaterales de la pandemia y el escándalo por los casos de violaciones en albergues de infantes y adolescentes.
“El aumento de las denuncias es realmente significativo si vemos las estadísticas”, dijo en una entrevista con Efe la fiscal Superior de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causa de la Fiscalía Metropolitana, Dayra Botello.
Hasta abril pasado hay registradas en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) 164 denuncias por los delitos de “corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas”, más del doble de las 79 presentadas en el mismo lapso del año anterior.
EL ESCÁNDALO DE LOS ALBERGUES
Las denuncias se incrementaron después de que una subcomisión parlamentaria presentó en febrero pasado un informe sobre abusos sexuales y maltrato físico y psicológico a decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015.
Botello explicó que “los meses donde se ha potenciado (la denuncia) son en marzo y abril” pasados, ya que mientras que en enero y febrero hubieron 33 y 23 denuncias, respectivamente, en marzo y abril aumentaron a 53 y 55.
Pero “lamentablemente”, la cifra ya venía en aumento, dijo la fiscal, puesto que el año 2020 cerró con 306 denuncias y 2019 con 280 por estos delitos contra menores.
Los albergues, alrededor de medio centenar que acogen a unos 1.200 menores en situación de vulnerabilidad, según las cifras oficiales disponibles, son supervisados por la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y también reciben subsidios públicos.
El escándalo de los abusos en estos hogares ha conmocionado al país y provocado continuas protestas para exigir que se castigue a los responsables.
La Fiscalía ha informado de que ha reubicado a menores de edad y dictado medidas de protección a favor de 46 niños dentro de las 26 investigaciones que se desarrollan desde 2017, antes de la presentación del informe parlamentario, relacionadas a la comisión de delitos en los albergues.
PANDEMIA: RESTRICCIONES Y CIERRE DE ESCUELAS
Para la experta en temas de género Eusebia Solís y la activista pro derechos de la niñez Lucy Córdoba el incremento de los casos de abusos de menores es uno de los efectos colaterales de la pandemia.
El contexto de “restricciones y cierres” impuestos para frenar la propagación del nuevo coronavirus “evidencia que este tipo de delito se da muchas veces en la intimidad y la cercanía de la víctima”, dijo Solís, que recordó que la escuela y el ambiente educativo son “un factor protector” para los menores.
Córdoba, por su parte, consideró que “existen más casos (no denunciados) debido al encierro y el estado mental de muchos depredadores cuyo comportamiento empeora”, y opinó que “que las mujeres y niñas se han atrevido hablar más que anteriores años”.
LAS ESTADÍSTICAS
Solís criticó que la Fiscalía “no informa” detalladamente de “la edad de las víctimas ni del sexo” en las estadísticas públicas, que disgregan información entre víctimas mayores de 14 años y, en el caso de la violación doblemente agravada (incesto), en menores de 14 años.
Según datos proporcionados por la socióloga, en el “2019 el 12 %” de los delitos sexuales “se dieron en menores de 0 a 4 años y un 32 % entre los 5 y 9 años”, mientras que en los casos de violación doblemente agravada, “el 90 % de las víctimas son niñas y se comete entre niñas entre 0 a 10 años”.
Las edades “más afectadas oscilan entre los tres a seis años, cada vez los depredadores buscan edades más bajas”, añadió Córdoba.
EDUCACIÓN Y ESPACIOS SEGUROS
Las expertas recomendaron implementar una “educación plural y sexual” en las escuelas, que proporcione conocimientos seguros a los menores, así como “espacios dignos y seguros”, un derecho que el “Estado tiene la obligación de garantizar”.
Según Unicef, Panamá es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley de protección de la niñez, a pesar de los dos intentos en los últimos 15 años por crear una regulación de calidad y reformar el sistema.
