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Es pertinente recordar que el período de gobierno del peronista Menem formó parte de la llamada década perdida de los ochenta, cuando la crisis de la deuda puso de rodillas a las economías de América Latina y el Caribe. En 1989, al final del régimen de Raúl Alfonsín, la tasa de inflación de Argentina alcanzó el 3000%, y el PIB descendió un 10% en los años siguientes, 1989-90.
Sin embargo, algunos sostienen que la experiencia de Menem en la aplicación del paquete de reformas fue relativamente satisfactoria, basándose en el hecho de que el país fue capaz de mantener un nivel de crecimiento sostenido del 6% en el periodo 1991-1998, a pesar de sufrir los efectos adversos de la crisis del tequila mexicano de 1994-95. También redujo significativamente la inflación, hasta el 17%. También redujo significativamente la inflación hasta el 17%, que cayó a un solo dígito entre 1996 y 1999.
Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), la tasa de inflación acumulada durante sus diez años de gobierno alcanzó el 24.648%. Cabe reconocer, sin embargo, que durante su primer mandato logró reducir la tasa de pobreza del 46% al 22%, pero en su segundo mandato aumentará al 27%.
Así pues, Menem llegó a considerar que el Consenso de Washington era la medicina adecuada para una economía aletargada, y que la crisis económica de la región, en particular la de Argentina, se debía al intervencionismo estatal y a la incapacidad del Estado para frenar los déficits presupuestarios crónicos; los brutales años noventa en Argentina, en los que se produjo la Frente a la hiperinflación, la receta neoliberal para la estabilidad económica regional, sustentada en el llamado plan de convertibilidad, estableció la paridad cambiaria con el dólar.
Sin embargo, la aplicación de todos los Diez Mandamientos del Consenso se tradujo en penurias de largo plazo más que en soluciones de muy corto plazo, y aunque ciertamente incidió en la aceleración del crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzó el 14,5 por ciento, con una tasa de subempleo adicional del 13,2 por ciento y alrededor de 3,7 millones de personas, heredando una típica Gran Reforma neoliberal En el gobierno, los indicadores de pobreza y privación aumentaron anormalmente, con una tasa de pobreza que alcanzó el 46% y una deuda externa de 139.680 millones de dólares como factor agravante.
Provocando la mayor crisis política en décadas, la pobreza siguió aumentando, con un índice astronómico del 66% en 2002, que se remonta al gobierno de Eduardo Duhalde.
