Texas. — Desde Brownsville, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha promulgado la controvertida ley SB 4. El proyecto de ley permite a la policía estatal y de los condados detener a cualquier sospechoso de entrar ilegalmente en EE.UU. y otorga a los jueces estatales el poder de ordenar su deportación a México.
Greg Abbott, rodeado de sheriffs y de una unidad militar de la Guardia Nacional de Texas, rechazó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al proyecto de ley, jactándose de que la nueva ley permitirá encarcelar a los inmigrantes reincidentes con penas de prisión de hasta 20 años.
Lo que ha hecho López Obrador es reprobable, torturar, violar, agredir y hasta matar a miles y decenas de miles de personas. Y simplemente los envía a la libertad en Texas y piensa que puede condenar a Texas por esto. Es indignante. Tiene que entender que él es una de las principales causas del problema de la inmigración en Estados Unidos. Vamos a devolverlos a México inmediatamente, concluyó el republicano.
Según el gobernador de Texas, cuando la ley entre en vigor el próximo mes de marzo, el número de inmigrantes que lleguen a Texas caerá en picado al menos un 50% y quizá hasta un 75%. Si reinciden, el castigo más severo es la prisión de hasta 20 años.
Expertos en derecho internacional ven la ley de Texas como una fuente potencial de disputas legales con la administración de López Obrador.
Incluso antes de que Greg Abbott promulgara la ley, el Gobierno mexicano había advertido que una serie de medidas legislativas aprobadas por la legislatura de Texas afectarían a los derechos humanos de millones de personas de ascendencia mexicana que viven en Texas.
Está previsto que la controvertida ley esté en vigor hasta marzo de 2024, pero los grupos de derechos civiles ya han indicado que presentarán una demanda preventiva contra la SB 4, y es probable que la ley sea llevada ante el Tribunal Supremo Federal.
El gobernador de Arizona, Greg Abbott, dijo que vería con buenos ojos una demanda, aunque tuviera que llegar al Tribunal Supremo para determinar su legalidad, a pesar del precedente de una serie de medidas similares aprobadas en Arizona en 2010, que el Tribunal Supremo nacional declaró inconstitucionales.
Además, los republicanos promulgaron la ley SB 3, que asigna 1.540 millones de dólares para completar el muro fronterizo con México y construir barreras adicionales para vehículos y peatones. Se jactaba de que se habían construido casi 26 km de muro y barreras de bolardos de acero, y otros 53 km estaban en marcha.
El SB 4 también asignó 40 millones de dólares al Departamento de Seguridad Pública de Texas para enviar policías estatales a patrullar la zona residencial de Colony Ridge, cerca de Houston, aumentando así la presencia policial en áreas frecuentadas por inmigrantes ilegales.
